La ministra de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Angélica Álvarez, ha participado en el 79 periodo de sesiones del comité contra la tortura y tratos penales e inhumanos o degradantes en Ginebra, Suiza.
Durante su intervención destacó el incremento del 400% en la formación y capacitación del personal civil, militar y policial involucrado en seguridad ciudadana, sistema penitenciario y, defensa nacional.
En el área de la seguridad de la población, se ha capacitado a 14,279 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en derechos humanos desde 2021 hasta marzo de 2024. Además, se ha llevado a cabo la identificación de 4,032 expedientes de personas privadas de libertad para definir medidas que reduzcan lel hacinamiento en el Centro Penitenciario Nacional de Támara y otros en el país.
Honduras ante el Comité contra la Tortura
El país ha mostrado su compromiso con la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a través de distintas iniciativas implementadas por el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.
Entre ellas, la aprobación de la ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho, la creación del programa social de atención a las familias de los mártires de la resistencia, y la fundación del Museo de la Memoria y Reconciliación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Honduras enfrenta desafíos institucionales y la garantía de los derechos humanos. Tras el golpe de estado de 2009, el país ha experimentado retrocesos institucionales y un aumento de la deuda pública, que ha alcanzado más de 20 mil millones de dólares en 12 años. Para abordar esta situación, se ha presentado un anteproyecto de ley de justicia tributaria en abril de 2023, buscando promover estándares fiscales mínimos para redistribuir la riqueza.
El panorama político y social de Honduras se ha deteriorado con la presencia de una narcodictadura tras un golpe de estado en 2009, además de los desafíos impuestos por la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota.
Estos sucesos han agravado la ya frágil situación económica y social del país, siendo lamentablemente utilizados como argumentos para justificar actos de corrupción que han debilitado aún más la salud financiera del país.
