La anulación de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y su inmediata repetición se han consolidado como la única salida democrática para derrotar lo que diversos sectores sociales, el Congreso Nacional y el partido LIBRE califican como un golpe electoral en curso.

Tras la cuestionada declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que otorgó la victoria a Nasry Asfura, las masivas denuncias de inconsistencias técnicas, manipulación de actas e injerencia extranjera han dejado al proceso sin la legitimidad necesaria para sostener la estabilidad del país.

El bipartidismo a pesar de cumplir con una enorme manipulación al proceso, acuden al cinismo al afirmar que el proceso fue transparente, al menos así lo manifestó la consejera liberal del CNE, Ana Paola Hall.

En un x afirmó que el proceso fue limpio y que ellas como consejeras cumplieron con proteger la democracia, sin embargo, su rol fue nefasto y terminaron permitiendo un fraude que a todas luces se llevó de encuentro la democracia del país.

Es por eso que ahora mismo la demanda de nulidad no es un simple reclamo político, sino que se fundamenta en una serie de irregularidades documentadas durante y después de la jornada de votación. Entre las inconsistencias más graves reportadas por observadores y partidos de oposición se detallan:

• Colapso y manipulación del TREP: El sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) sufrió caídas críticas y retrasos injustificados. Denuncias indican que el software fue alterado para favorecer tendencias específicas.
• Vulneración del sistema biométrico: En numerosos centros de votación se omitió el uso del lector de huellas dactilares, permitiendo el voto múltiple o la suplantación de identidad.
• Abultamiento de actas: Se han identificado actas donde el número de votos registrados supera ampliamente el número de ciudadanos que firmaron el cuaderno de votación (ejemplos de 250 votos con apenas 47 firmas).
• Urnas en cero y actas contaminadas: Miles de actas presentaron errores que obligaron a un escrutinio especial, el cual ha sido criticado por falta de transparencia y por realizarse bajo un ambiente de intimidación.

Injerencia externa y coacción

Un factor determinante en la crisis ha sido la denuncia de injerencia extranjera. La presidenta Xiomara Castro y líderes del Congreso han señalado públicamente que declaraciones emitidas por figuras internacionales días antes de los comicios condicionaron el voto y presionaron a las instituciones electorales. A esto se suman reportes de la presencia de grupos armados maras y pandillas que habrían coaccionado a votantes en zonas rurales para influir en el resultado en favor del Partido Nacional.

El Congreso Nacional de Honduras ha manifestado formalmente que no validará los resultados de un proceso que considera manchado por estructuras del crimen organizado y el narcotráfico. Al no reconocer la victoria de Asfura, el país se enfrenta a un vacío de poder potencial a partir del 27 de enero, fecha prevista para el traspaso de mando.

Sectores ciudadanos y el candidato Salvador Nasralla quien también impugnó el proceso exigiendo un conteo voto por voto coinciden en que el nivel de contaminación de las actas hace que cualquier recuento parcial sea insuficiente. La tesis de la nulidad total sostiene que solo un nuevo proceso, con un padrón depurado, vigilancia internacional estricta y un sistema técnico auditado desde cero, podrá devolverle la soberanía al pueblo hondureño.

De mantenerse la declaratoria actual, Honduras se encamina a un escenario de alta conflictividad social y aislamiento diplomático. La repetición de las elecciones se presenta, por tanto, no como un capricho partidista, sino como un mecanismo de defensa institucional frente a un modelo de golpe suave ejecutado a través de las urnas.

La denuncia sobre la intervención de actores externos subraya que el conflicto no es solo interno. La anulación y repetición de las elecciones permitiría a Honduras reafirmar su soberanía, enviando un mensaje de que los resultados electorales se deciden en las urnas hondureñas y no mediante presiones diplomáticas o mediáticas internacionales.