El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, reafirma su compromiso con los pueblos indígenas a través del Instituto de Conservación Forestal (ICF), mediante acciones concretas que promueven la protección ambiental.
Una de las medidas destacadas ha sido la instalación del Primer Batallón de Protección Ambiental en El Aguacate, Catacamas, Olancho, y un Puesto de Control Interinstitucional en Krausirpi, Gracias a Dios teniendo como objetivo combatir los delitos ambientales que afectan la región.
El (ICF) históricamente canceló ocho planes de manejo forestal que abarcaban más de 362,000 hectáreas, protegiendo así los ecosistemas de la zona. Además, se suspendieron las operaciones de cinco industrias forestales que habían devastado los recursos naturales de La Mosquitia, para detener la explotación indiscriminada de los bosques y preservar su biodiversidad.
El gobierno también ha garantizado los derechos de las comunidades indígenas al otorgar títulos de propiedad sobre más de 9,000 hectáreas, beneficiando directamente a 23,000 habitantes de 27 comunidades misquitas y garífunas. Asegurando su acceso a las tierras y recursos que tradicionalmente les han pertenecido.
Asimismo, a través de la Fuerza de Tarea Interinstitucional contra el Delito Ambiental (FTIA), se han llevado a cabo más de 300 inspecciones y controles en 200,000 hectáreas de la Biosfera del Río Plátano, priorizando la atención de delitos ambientales en esta área protegida.
El uso de tecnologías ha sido clave para reducir la deforestación en la zona núcleo de la Biosfera del Río Plátano, se atendieron 164 alertas, logrando disminuir en un 87% la deforestación en esta área crítica. Por otra parte, el ICF declaró veda sobre la caoba, una especie en peligro debido a la explotación ilegal. Esta medida permitió el decomiso de 243,000 pies tablares de madera, valorados en 20 millones de lempiras, contribuyendo a frenar el tráfico ilícito.
También, se han restaurado más de 5,000 hectáreas de bosques de coníferas y latifoliados, y se establecieron 213 hectáreas con sistemas agroforestales. Además, se declararon protegidas cinco microcuencas que benefician a 8,850 personas de siete comunidades. Gracias al gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.
