A pocas horas de las elecciones generales de Honduras este 30 de noviembre, se ha denunciado la existencia de un “terrorismo electoral” impulsado por las 10 familias mas poderosas de país, operadores políticos del Partido Nacional y Liberal, y compañías telefónicas (Tigo y Claro) que históricamente han influido en los procesos electorales del país.
El proceso electoral estaría siendo controlado por un reducido grupo económico conformado por unas diez familias y alrededor de 25 conglomerados empresariales, quienes históricamente han manipulado a los del bipartidismo. Señalamiento que ha sido parte del debate público en los últimos años sobre la concentración del poder político y económico en Honduras.
La denuncia también apunta a que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) podría estar vulnerable y manipulado y forma parte de un “golpe electoral” para favorecer a los candidatos del bipartidismo, Nasry Asfura (PN) y Salvador Nasralla (PL).
Ante este escenario, la candidata presidencial Rixi Moncada emitió instrucciones claras a la estructura territorial de LIBRE:
- Fotografiar todas las actas originales entregadas en las Juntas Receptoras de Votos.
- Resguardar copias físicas y trasladarlas directamente a Tegucigalpa.
- Custodiar el material electoral desde el cierre de urnas hasta su entrega final a las Fuerzas Armadas y al Consejo Nacional Electoral (CNE).
La estrategia, según Rixi, busca garantizar que los resultados oficiales reflejen la voluntad popular y evitar cualquier intento de manipulación externa mientras el CNE cumple su rol y su plazo legal de 30 días para publicar los resultados definitivos.
LIBRE también advirtió que sectores del bipartidismo podrían estar preparando incidentes violentos para responsabilizar posteriormente a su militancia. Por lo que llamó a mantener la calma, evitar provocaciones y documentar cualquier irregularidad.
En una contienda marcada por la desconfianza, acusaciones cruzadas y el desgaste de los partidos tradicionales, la defensa de las actas se convierte en el centro de la estrategia política de LIBRE y en un llamado directo a su base para blindar el proceso electoral desde el territorio.
La jornada del 30 de noviembre será decisiva: no solo por quién gane, sino por si el país logra avanzar hacia un proceso transparente, creíble y libre de interferencias externas.
