En una histórica decisión, la jueza penal Sandra Liliana Heredia condenó este viernes en primera instancia al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria, tras hallarlo culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El fallo, que también impone una multa millonaria y lo inhabilita para cargos públicos por más de ocho años, marca un hito en la justicia del país.
La jueza ordenó el traslado inmediato de Uribe, de 73 años, a su finca en Rionegro, Antioquia, para que cumpla la condena.
Aunque la defensa del expresidente ha apelado la sentencia, lo que llevará el caso al Tribunal Superior de Bogotá, la magistrada dictaminó el cumplimiento inmediato de la pena.
El abogado defensor, Jaime Granados, solicitó más tiempo para argumentar la apelación, obteniendo solo dos días adicionales de los cinco que pedía.
Audiencia tensa: Uribe se pronuncia
Durante la audiencia, que fue tensa, se vivieron momentos de confrontación entre la jueza y Uribe.
Heredia criticó la filtración del fallo a la prensa antes de su lectura y los comentarios de los hijos del exmandatario.
Uribe, por su parte, protestó enérgicamente: «No le acepto que se meta con mi familia», le dijo a la magistrada.
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestas calumnias.
Sin embargo, la investigación giró en su contra, revelando que el expresidente habría manipulado testigos a través de intermediarios, incluyendo a su exabogado Diego Cadena, para incriminar a Cepeda y resultar favorecido en otros procesos judiciales.
Pese a que la Fiscalía intentó precluir el caso en dos ocasiones, los jueces lo rechazaron.
Uribe, hallado culpable de intentar sobornar testigos y de una «estrategia deliberada de manipulación de la justicia», deberá pagar una multa de más de 3.444 millones de pesos colombianos (unos 830.000 dólares).
El expresidente, quien ya estuvo en arresto domiciliario por 67 días en 2020, se pronunció sobre la sentencia, que tiene más de 1.100 páginas, criticándola como un «discurso político» para justificar la condena.
