El Partido Liberal de Honduras está mostrando una cara muy distinta a la que pregona. Mientras públicamente se apela al discurso de la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción, en la práctica esas banderas parecen solo un recurso de apariencia. 

El partido Liberal ha cerrado filas para proteger a algunos de sus miembros más cuestionados, revelando una doble moral que debilita la confianza ciudadana en la política.

Un ejemplo evidente es el caso del diputado Mauricio Villeda, señalado tras la filtración de un “narcovideo” que lo vincularía con negociaciones por 400 000 dólares con Los Cachiros. Pese a que él asegura que todo fue una trampa y niega conocer al “Cachiro”, lo más revelador es que su propio partido jamás exigió su renuncia ni impulsó una investigación interna creíble, a pesar de la presión pública. Esa omisión envía un mensaje claro: ciertos nombres gozan de impunidad garantizada.

Otro episodio que expone la misma lógica es el de Steve Adolfo Fajardo Vargas, coordinador de equipos de campaña de Salvador Nasralla en Cortés y yerno del presidente del Consejo Central Ejecutivo Liberal, Roberto Contreras. 

El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por fraude, lavado de activos y tráfico de influencias, acusándolo de haber participado en la adjudicación irregular de 33 contratos fraudulentos por más de 45 millones de lempiras. Aun con esos señalamientos, el Partido Liberal no asumió una posición firme para deslindarse, mientras Contreras defendía públicamente a su familiar y hablaba de un “ataque” político.

La paradoja es evidente: muchos dirigentes liberales se presentan como adalides de la transparencia, pero cuando sus allegados son cuestionados, responden con silencio y protección. Esa doble moral convierte el discurso anticorrupción en una simple estrategia electoral y destruye su credibilidad. Si no hay rendición de cuentas ni depuración interna ante indicios tan graves, el Partido Liberal seguirá siendo cómplice de la corrupción que dice combatir.