El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció en conferencia de prensa que sectores del bipartidismo hondureño estarían promoviendo un juicio político en su contra el próximo lunes, luego de sus declaraciones sobre irregularidades en el proceso electoral celebrado el 30 de noviembre de 2025.

De acuerdo con Ochoa, la iniciativa se gestaría desde el Congreso Nacional y contaría con el respaldo de representantes del Partido Nacional y del Partido Liberal. La acción, según indicó, podría materializarse la próxima semana mediante la activación de un proceso formal en su contra.

El funcionario sostiene que la motivación principal detrás de esta medida radica en sus señalamientos públicos sobre la existencia de un fraude electoral, el cual se materializó en los tres niveles de elección popular.

«Fue un proceso poco transparente, con amenazas, coacciones, manipulaciones que debilitaron la democracia y permitieron resultados fraudulentos», recalcó Ochoa en la conferencia de prensa.

En este contexto, Ochoa subrayó que su futura llegada a la presidencia del CNE, cargo que le correspondería asumir en los próximos meses conforme a la ley, incluiría la apertura de una investigación orientada a esclarecer los hechos denunciados. Esto incomoda a las fuerzas políticas que impulsaron y avalaron el fraude.

Si Ochoa llega a la presidencia del CNE, impulsaría una investigación sobre cada denuncia hecha en el marco del proceso electoral del 30 de noviembre de 2025, esto llevaría a que los actores clave en las irregularidades, queden expuestos ante la comunidad nacional e internacional. Es justamente la razón que motiva a impulsar un juicio político en este momento y con ello, evitarlo a toda costa.

Con esta acción, queda en evidencia que existe una clara intención de impedir que se profundicen las investigaciones sobre las irregularidades del proceso electoral en el cual, varios sectores han denunciado el rol de las consejeras Ana Hall y Cossette López.

El ambiente en el Congreso está lleno de tensión, puesto que hay otros actores políticos que no ven con buenos ojos un juicio político como una arma de venganza política, por ejemplo, el expresidenciable del PINU, Nelson Ávila, cuestionó a los partidos Nacional y Liberal por promover esta acción cuando la misma debería impulsarse pero contra los que han convertido a Honduras en un país sumido en la corrupción e impunidad. En esa misma línea, Omar Menjívar, dirigente de Libre en San Pedro Sula cuestionó a liberales y nacionalistas, exigiéndoles que el juicio político debería ser en contra de los que expulsaron a la MACCIH.

Más allá de esas voces que hacen eco sobre la situación, las fuerzas bipartidistas están decididas a implementar esta acción que en términos generales también busca golpear a Libre y con ello, arrebatarle sus representantes en los órganos electorales.

Asimismo, información obtenida por este medio digital indica que, tras el juicio político contra Ochoa, la consejera Ana Paola Hall sería nombrada como embajadora de Honduras en España por un período de tres años. Posteriormente, retornaría al país al máximo ente electoral de cara al proceso de 2029.

Este inminente nombramiento ha generado cuestionamientos, dado que Hall fue pieza clave para que se concretaran las irregularidades en el pasado proceso electoral y no solo eso, también votó en contra en el pleno del CNE para que no se permitiera la participación electoral de hondureños residentes en España durante los comicios de 2025, lo cual contrasta con su designación diplomática en ese país.

El escenario descrito refleja un incremento en las disputas políticas en torno al sistema electoral hondureño, en un contexto donde persisten denuncias sobre la transparencia y legitimidad de los procesos democráticos recientes.