El Titular de la SAR Marlon Ochoa, en conferencia de prensa hizo de conocimiento público que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha dirigido al Gobierno de Honduras un aviso en el que se especifica que en caso de no aprobarse la Ley de Justicia Tributaria antes de Junio de 2024, el país podría ser declarado formalmente como una guardia fiscal.

También dijo que “El país se encuentra bajo evaluación de Foro sobre Transparencia e intercambio de información con fines fiscales de OCDE. Una calificación No conforme implicaría mayores dificultades para acceder a préstamos y donaciones para el desarrollo del país y sanciones económicas para exportar a mercado como el de la Unión europea”.

Sabiendo que un buen porcentaje del Presupuesto General de la República es por la adquisición de créditos, el obtener una baja calificación en dicha evaluación representaría un verdadero desafío para los años próximos.

La situación en la que se encuentra el país es otra de las herencias del régimen del Partido Nacional, que utilizó por más de una década los poderes del Estado para beneficiar únicamente a la élite política y el sector empresarial.

“Al paso de la dictadura, fueron aprobados 40 decretos que permitieron que unas pocas familias ocultaran y aumentaran su riqueza en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos tal como lo evidenciaron las investigaciones denominadas, Panamá y Pandora Papers”.

El proyecto de Ley de la Justicia Tributaria es una iniciativa del Ejecutivo y busca “Reconocer a nivel Constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos”.

La ley ha sido socializada durante meses; pese a ello, el sector privado y el sector de políticos corruptos se han posicionado y montado una campaña de desprestigio a la Ley, sabiendo que, de aprobarse, se les acabarían los beneficios que por años les han sido otorgados.

Es imperativo que el Poder Legislativo someta a discusión la Propuesta de Ley y que además los congresistas que se han pronunciado en contra de este proyecto, que evitaría que país fuera nombrado como paraíso Fiscal cambien su posición y respalden la iniciativa para que el Honduras pueda avanzar en materia de transparencia y recaudación Fiscal.

En la conferencia, Marlon Ochoa también se refirió al caso de denuncia que el mismo presentó ante el Ministerio Público, en contra de las 10 Familias por la concentración de riqueza de manera ilícita en el país, amparados en los 40 decretos de exoneraciones y perdón fiscal que aprobó el Congreso Nacional liderado por el Partido Nacional.

Conforme a eso: El posicionamiento del nuevo Fiscal General Interino Johel Zelaya ha sido favorable y se ha comprometido para realizar la investigación correspondiente, con todas las pruebas que fueron entregadas y llegar al fondo de la denuncia.

Esto podría ser el inicio del desmontaje de toda la red de corruptos que se han enriquecido sustancialmente por la evasión de impuestos durante años.