El proceso electoral en Honduras enfrenta una crisis de legitimidad tras denuncias de boicot orquestado por el Partido Nacional contra los escrutinios especiales de actas con inconsistencias.
Los partidos de oposición y sectores de la sociedad civil sostienen que la agrupación busca forzar la validez de resultados preliminares que favorecen a su candidato, Nasry Asfura, ignorando deliberadamente miles de actas que presentan irregularidades matemáticas y de digitación.
La tensión alcanzó su punto máximo tras la proclamación de Asfura como presidente electo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 24 de diciembre, en una decisión dividida de sus consejeros. La denuncia central radica en que esta declaratoria se realizó sin haber finalizado el recuento especial de más de 2,700 actas que presentaban anomalías.
Según el consejero Marlon Ochoa y el candidato liberal Salvador Nasralla, el Partido Nacional ha utilizado tácticas de dilatación en el centro logístico electoral (CLE) para paralizar el conteo de votos, permitiendo que la diferencia de apenas 0.74% se mantuviera estática antes de oficializar el cierre del proceso.
Representantes de los partidos LIBRE y Liberal han señalado tres ejes principales mediante los cuales se habría obstaculizado la transparencia:
- Paralización de mesas: Incidentes y desacuerdos provocados por delegados nacionalistas en las juntas especiales de verificación, lo que detuvo el recuento por periodos de hasta 10 horas.
- Fallas técnicas selectivas: La caída del sistema de divulgación y la lentitud en la digitalización de actas críticas en departamentos como Cortés y Francisco Morazán.
- Presión institucional: El impulso de una declaratoria relámpago aprovechando la mayoría de votos en el pleno del CNE, dejando en el aire la revisión de aproximadamente 400,000 votos que podrían cambiar la tendencia.
El candidato Salvador Nasralla calificó la proclamación como ilegal y un proceso fallido, asegurando tener pruebas de un algoritmo diseñado para favorecer al Partido Nacional. Por su parte, la candidata oficialista Rixi Moncada acusó al CNE de asesinar la democracia bajo presuntas presiones externas.
Mientras tanto, el Partido Nacional defiende la legitimidad del triunfo, argumentando que las inconsistencias no son suficientes para revertir la ventaja y que la oposición solo busca generar inestabilidad política.
A pesar del llamado a la calma por parte de organismos internacionales como la Unión Europea y la OEA, la falta de un escrutinio exhaustivo ha generado focos de protesta en las principales ciudades del país. La confianza ciudadana en la institución electoral se encuentra en sus niveles más bajos, con solo un 16% de aprobación, según datos recientes de Latinobarómetro.
