El de Brasil que preside el Presidente Lula Da Silva cerró el 2025 con una señal política clara: el fortalecimiento del Estado como motor del desarrollo inclusivo. La aprobación de casi 10.000 millones de reales destinados a la agricultura familiar y a proyectos de desarrollo regional marca un hito en la estrategia del gobierno para enfrentar las desigualdades territoriales, garantizar soberanía alimentaria y consolidar un modelo productivo sostenible.
La mayor parte de estos recursos está orientada a pequeños y medianos productores rurales, responsables de una porción clave de los alimentos que llegan diariamente a la mesa de millones de brasileños. El financiamiento busca mejorar el acceso al crédito, modernizar prácticas agrícolas y fortalecer cadenas locales de producción, reconociendo a la agricultura familiar como un eje central de la seguridad alimentaria y del empleo rural.
Agricultura Familiar y proyectos de desarrollo
El paquete de inversión también prioriza proyectos de desarrollo regional en zonas históricamente marginadas, especialmente en el norte y nordeste del país. Infraestructura productiva, caminos rurales, logística y acceso a mercados forman parte de una estrategia que apunta a reducir las asimetrías entre regiones y a integrar economías locales al circuito nacional.
Uno de los objetivos centrales de esta política es fortalecer la interconexión nacional. Al mejorar la articulación entre regiones productivas, centros de consumo y redes de distribución, el Estado busca no solo eficiencia económica, sino también cohesión social. La integración territorial se presenta así como una condición indispensable para un crecimiento más equilibrado y sostenible.
Más allá del impacto inmediato, la inversión apuesta a consolidar un modelo de producción de alimentos basado en la sostenibilidad ambiental y social. El impulso a prácticas agroecológicas, el uso responsable de los recursos naturales y el apoyo técnico a los productores reflejan una visión de largo plazo: producir más y mejor, sin hipotecar el futuro, y con el Estado como garante del interés público.
