La Procuraduría General de la República (PGR) de Honduras, liderada por el Procurador Manuel Antonio Díaz Galeas, continúa cosechando éxitos en su lucha por proteger los intereses del Estado y evitar demandas injustificadas que amenacen las finanzas públicas.

En dos recientes victorias legales, la PGR ha demostrado su determinación y habilidad en la protección del patrimonio del pueblo hondureño.

En el primer caso, el Juzgado de Letras de Civil de Francisco Morazán resolvió a favor del Estado de Honduras, al estimar totalmente la oposición presentada contra una solicitud de ejecución forzosa de un título extrajudicial dirigida a la Secretaría de Salud.

Esta decisión detuvo un intento de perjudicar el Tesoro Nacional por la asombrosa cantidad de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L.126,849,195.37). Además, la parte ejecutante fue condenada a pagar las costas a favor del Estado, asegurando así que los recursos públicos estén a salvo.

En el segundo caso, la PGR obtuvo un fallo favorable ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, que declaró con lugar la declinatoria por falta de competencia genérica objetiva. Esto eximió al Estado de Honduras del pago de aproximadamente VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR ($26,375,278.50), o su equivalente en lempiras que representarían SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS (L 647,513,087.00).

Esta victoria salvaguarda las finanzas de la administración pública y, en última instancia, protege los intereses del pueblo hondureño.

Las acciones enérgicas emprendidas por la PGR y sus equipos legales, en cumplimiento de su mandato constitucional, son una muestra clara de su compromiso con la defensa de los intereses del Estado de Honduras y del patrimonio de su pueblo. Bajo el liderazgo del Procurador Manuel Antonio Díaz Galeas, la PGR demuestra su capacidad para poner fin a demandas millonarias sin sustento, perservando así los recursos públicos y la estabilidad financiera del país.