El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó un nuevo requerimiento fiscal en el caso «Koriun Inversiones», una fachada utilizada para estafar a miles de personas en diversas regiones del país.
La nueva acusación amplía los delitos e imputa directamente a administradores de sucursales, profundizando la investigación sobre esta operación financiera ilegal.
La nueva acusación se formula por el delito de asociación para delinquir contra el gerente de Koriun Inversiones, Iván Abad Velásquez, su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, y Marco Abel Villeda Galdámez, quienes ya habían sido acusados previamente por lavado de activos. Además, se acusa por el mismo delito a los administradores de sucursales de Koriun Inversiones en La Entrada (Copán), Santa Bárbara, Juticalpa (Olancho) y Danlí (El Paraíso).
Esquema de estafa y promesas incumplidas
Según la investigación, los imputados se asociaron para ejecutar una actividad fraudulenta que consistía en captar dinero de miles de personas, ofreciendo una promesa de un 5 % de interés semanal. Esta promesa es calificada por el MP como «inviable en una operación financiera legal».
La Fiscalía ha logrado evidenciar que todos los implicados tenían «pleno conocimiento y participación directa en el esquema ilícito», lo que refuerza las acusaciones contra la red criminal.
El caso «Koriun Inversiones» ha generado gran preocupación entre la población, afectando a numerosos ciudadanos que invirtieron sus ahorros con la promesa de altos rendimientos.
La ampliación de la acusación y la imputación a los administradores de sucursales demuestran el compromiso del Ministerio Público en desmantelar por completo esta estructura delictiva y llevar a los responsables ante la justicia.
Banqueros beneficiados con operaciones de Koriun
El caso de Koriun Inversiones representa una típica estafa bajo el esquema Ponzi, que revela un posible contubernio entre los estafadores y dos importantes bancos hondureños, los cuales estaban al tanto de las operaciones de esta empresa fachada y se habrían beneficiado de ellas.
Estos mismos bancos han sido señalados previamente en casos de alto perfil, como el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y actos de corrupción.
Se trata de Banco Atlántida con Guillermo Bueso al frente y de Banco Ficohsa con su presidente ejecutivo, Camilo Atala. Mismas instituciones financieras involucradas en el proyecto hidroeléctrico de la represa Agua Zarca y el asesinato de la defensora Lenca Berta Cáceres.
El caso conocido como “Fraude sobre el Gualcarque” destapó una de las tramas de corrupción más escandalosas en Honduras. Revelando cómo el gobierno de ese entonces otorgó concesiones ilegales para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah.
Este proyecto violó los derechos del pueblo Lenca, ya que fue impuesto sin la consulta previa, libre e informada. Como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que desató una lucha en defensa del territorio y la justicia, que terminó con el vil asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres.
