La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó una extensión del caso Pandora II, acusando a exfuncionarios y a los expresidentes nacionalistas Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa en Honduras. La acusación incluye cargos de corrupción, fraude y lavado de activos.

En las investigaciones se señala que Hernández Alvarado, expresidente (2014-2022), habría recibido al menos 62 millones de lempiras para financiar su campaña política a través de desembolsos desde instituciones públicas hacia fundaciones. Se sostiene que entre 2010 y 2013, Hernández y Lobo Sosa (expresidente 2010-2014) participaron en una red de corrupción que aprobó desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras a fundaciones como Todos Somos Honduras y Dibattista desde diversas instituciones.

La acusación también incluye a Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central de Honduras y exministro de finanzas durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, acusado de fraude. Cerrato, que anunció su intención de buscar la presidencia de Honduras, aprobó una ampliación de 35 millones que se transfirieron a la fundación Todos Somos Hondureños desde la Secretaría de Finanzas.

Otros implicados en el caso son el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, acusado por fraude, y David Eduardo Ortiz Hawit, exgerente financiero de Banadesa, quien es el quinto acusado en la nueva línea de investigación de la Uferco. También están señalados los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, así como el director de presupuestos, Roberto Alonso Zúniga Barahona, todos acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

La Uferco presentó el requerimiento fiscal en la Corte Suprema de Justicia debido a la condición del expresidente Hernández como diputado del Parlamento Centroamericano, cargo en el que fue juramentado tras culminar su mandato presidencial en 2022.