El secretario de Finanzas, Christian Duarte, se pronunció este miércoles sobre el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), aclarando que su secretaría ha implementado cambios estructurales para combatir la corrupción y desmarcó a Finanzas de la auditoría final de los fondos, aunque reiteró el compromiso del gobierno en la lucha por la transparencia.
«Hemos tenido un mandato claro de la presidenta (Xiomara Castro) de combatir la corrupción pública y privada», inició Duarte, señalando que, bajo el liderazgo de la exministra y actual candidata presidencial Rixi Moncada, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) ha trabajado en el cierre de fideicomisos, la renegociación de la deuda pública y la revisión de las alianzas público-privadas.
Nuevos controles en fondos de diputados
Respecto a los fondos gestionados por diputados, que son el centro de la polémica en el caso SEDESOL, Duarte subrayó un cambio fundamental en la administración actual.
«Contrario a lo que se hacía antes, antes se le daba el dinero o los cheques directamente a los diputados», explicó.
«Lo que ha hecho este gobierno es establecer un programa para que los diputados ejecuten obras o acciones a través de secretarías de Estado como Gobernación y Justicia, FHIS, SEDESOL, BANASUPRO, BANADESA, para que de esta forma sean mediante un bien o servicio público auditable que se ejecuten esos fondos», acotó.
El secretario admitió que el caso del ministro Cardona, que data de 2023, ocurrió en un momento donde «no se había establecido con suficiente rigurosidad el mecanismo».
No obstante, afirmó que SEFIN ha emitido reglamentos anuales (2023, 2024 y 2025) que prohíben la entrega directa de cheques a diputados. Estos fondos ahora se canalizan a través de ayudas sociales como becas o infraestructura menor, y su ejecución siempre debe contar con un perfil de proyecto, una ficha y una liquidación.
Responsabilidad y auditoría
Duarte aclaró que la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas se limita a la transferencia del recurso. «La ley establece que la Secretaría de Finanzas es responsable hasta la transferencia del recurso», puntualizó.
Explicó que la plataforma SIAFI, utilizada por Finanzas, es una herramienta contable para la emisión de pagos, no una plataforma de auditoría. La función de liquidación de los fondos recae en las secretarías ejecutoras, y la auditoría final es competencia del Tribunal Superior de Cuentas.
Confirmó que el «fondo de diputados», que ha sido aprobado anualmente por el Congreso Nacional en rangos de entre 800 y 900 millones de lempiras en 2023, 2024 y 2025, es ejecutado por diputados «de todas las bancadas», incluyendo liberales, PSH, PAC y el Partido Nacional.
Finalmente, Duarte mencionó que SEFIN ha estado en comunicación con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para coordinar calendarios de pagos y transferencias, asegurando que las necesidades electorales se cubran sin afectar el flujo de caja del Estado.
Cabe mencionar que, ante el escandaloso caso la presidenta Xiomara Castro ha pedido a diferentes entidades una investigación profunda del manejo de esos fondos, asimismo aclaró que ni la Presidencia de la República, Partido Libertad y Refundación Libre, y la candidata Rixi Moncada, abalan acciones consideradas como actos de corrupción.
