La Coalición de Organizaciones de Sociedad Civil de Honduras emitió un enérgico comunicado condenando lo que califican como «inadmisible intervención extranjera» en los asuntos internos del país y denunciando graves irregularidades en el reciente proceso electoral.
Las organizaciones señalaron que los comicios estuvieron presuntamente afectados por una serie de ilícitos, incluyendo «denuncias de fraude», «terrorismo mediático», y actos de coacción y amenazas atribuidas a grupos del crimen organizado.
Críticas a intervención externa e indulto polémico
El punto de mayor énfasis en la denuncia fue la presunta «inadmisible» intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el proceso, lo cual, según la Coalición, compromete la soberanía nacional.
De igual forma, el frente civil manifestó su profundo rechazo al indulto concedido al expresidente narcotraficante Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, armas y dispositivos destructivos.
Demandas a autoridades nacionales
En su pronunciamiento, la Coalición dirigió peticiones específicas a las instituciones del Estado:
- Ministerio Público (Fiscalía): Exigieron la apertura inmediata de investigaciones y el ejercicio de la acción penal ante las denuncias públicas de manipulación del proceso electoral y las presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas en el periodo preelectoral, durante y posterior a los comicios.
- Consejo Nacional Electoral (CNE): Demandaron una respuesta «justa y apegada a la ley» a todas las acciones administrativas y reclamos presentados, subrayando el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad sobre la transparencia y legitimidad del proceso.
Alerta a la comunidad internacional
Finalmente, el colectivo civil hondureño hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional sobre la supuesta intención de sectores de poder económico nacional e internacional de «interferir nuevamente en la democracia hondureña».
En este contexto, el comunicado aludió a antecedentes históricos como el golpe de Estado de 2009 y mencionó intereses vinculados a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) como posibles motivaciones para la interferencia.
