El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) emitió un comunicado donde se desvincula de las acciones de Juan Ramón Molina, exdirector de la Tasa de Seguridad, asegurando que su participación en el Comité Técnico se limitó a “representación” y que no tuvieron conocimiento de los detalles de los contratos y fideicomisos gestionados por Molina.

Sin embargo, documentos y declaraciones que se presentarán en el juicio en Estados Unidos (EE.UU.) contradicen esa versión.

Según fuentes del caso, 25 testigos ya están preparados para declarar bajo juramento y aportarán audios, correos, facturas, transferencias y registros oficiales que muestran cómo se movía el dinero del fideicomiso.

El juicio también apunta a otros beneficiarios de la Tasa de Seguridad. Entre ellos figura Carl Zaglin, empresario extranjero con maquila en La Ceiba desde 1996, quien habría recibido exoneraciones fiscales y jugosos contratos relacionados con la Tasa.

El Cohep, que tenía voz y veto en el Comité Técnico, ha insistido en que las acciones fueron responsabilidad personal de Molina, aunque los documentos revelan que expresidentes del gremio avalaron decisiones ahora cuestionadas.

El caso que se ventila en Estados Unidos busca esclarecer cómo los fondos de la Tasa de Seguridad (presentada como medida contra la violencia) se habrían desviado para beneficio privado de funcionarios, empresarios y operadores del poder.

Un testigo clave detallará que intermediarios que recogían y repartían los fondos, contratos inflados disfrazados de seguridad y pagos a políticos, abogados y empresarios.

Con 25 testigos y pruebas documentales, se espera que el juicio aporte claridad sobre la participación de los miembros del Cohep y de otros actores en lo que muchos califican como un caso de corrupción a gran escala.