Colombia delinea límites a EE. UU. y dice no a la injerencia en su Poder Judicial

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, elevó el tono diplomático este martes al solicitar directamente a la Embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en su país a no «entrometerse» en los asuntos internos de la justicia colombiana.

Esta enérgica respuesta surge a raíz de un mensaje de la sede diplomática estadounidense en Bogotá, que citaba comentarios del senador republicano Marco Rubio sobre el reciente fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La polémica se encendió después de que la Embajada de EE. UU. replicara declaraciones de Rubio, quien afirmó en su mensaje que «el único crimen del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria».

El diplomático estadounidense llegó a calificar la condena contra Uribe como una «instrumentalización de la rama judicial de Colombia por parte de jueces radicales», lo que, a su juicio, establece un «precedente preocupante».

La reacción de Petro no se hizo esperar a través de su cuenta de X. El mandatario colombiano replicó enfáticamente: «Le solicito a la embajada de EE. UU. en Colombia no entrometerse en la justicia de mi país».

Petro recordó el sacrificio de «decenas» de jueces, magistrados y fiscales colombianos que «han sido asesinados en su lucha contra el narcotráfico» y sus conexiones con el Estado.

«Mucha valentía colombiana muriendo asesinada por ayudar a los EE. UU. para que, ahora, el gobierno de los EE. UU. venga a irrespetarla», agregó el presidente, quien también instó a las asociaciones de jueces y trabajadores del Poder Judicial de EE. UU. a «solidarizarse con la justicia colombiana», que hoy considera «agredida por un gobierno extranjero».

Rechazo diplomático previo y defensa de la soberanía

Antes de la intervención de Petro, la canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, ya había manifestado el rechazo oficial de Bogotá. «Rechazamos las declaraciones de Marco Rubio sobre la condena a Álvaro Uribe. Su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia», expresó Villavicencio, marcando una clara línea diplomática.

Incluso previo a estas declaraciones, la embajada de Colombia en EE.UU. había enviado una carta a la Casa Blanca en respuesta a las opiniones de Rubio. En la misiva, a la que tuvo acceso la prensa colombiana, se subraya que «la República de Colombia se fundamenta en una separación de poderes firme e inequívoca. El poder judicial opera con total autonomía e independencia, principios consagrados en nuestro marco constitucional y activamente defendidos por el actual gobierno del presidente Gustavo Petro».

La carta también detalla que el caso judicial contra el expresidente Uribe se remonta a 2012 y se inició en la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia constitucional para investigar a congresistas.

Además, se enfatiza que el proceso aún sigue «en curso», ya que el expresidente Uribe, por quien la Fiscalía pide nueve años de cárcel, aún tiene «dos instancias más para apelar el fallo, lo cual refleja las garantías procesales y constitucionales del sistema colombiano».

«Quedan dos instancias adicionales a disposición de la defensa para impugnar la decisión, con pleno apego a las garantías procesales y constitucionales. Como país soberano, esta Embajada reafirma su confianza en la integridad e independencia del sistema judicial colombiano y en su capacidad para garantizar el debido proceso en todas las instancias», concluye el comunicado de la embajada colombiana en Washington, en un claro mensaje de defensa de su soberanía judicial.


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