En Honduras, la batalla por la verdad está en marcha. La poderosa oligarquía que controla el 94% de los medios de comunicación del país ha desatado una campaña implacable para manchar la imagen del gobierno de LIBRE, liderado por la presidenta Xiomara Castro.

Con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 a la vista, familias como Bueso, Canahuati y Atala están utilizando sus imperios mediáticos —ICN Digital, El Heraldo, La Prensa, Televicentro y Radio Cadena Voces— para acusar a LIBRE de corrupto. A pesar de las pruebas que señalan su propia complicidad en la corrupción sistémica durante los 12 años de gobiernos bipartidistas.

El detonante de esta ofensiva mediática fue la masiva movilización del 28 de junio, cuando miles de hondureños salieron a las calles para condenar el golpe de Estado de 2009, la corrupción y el fraude electoral, crímenes históricamente ligados a los partidos Nacional y Liberal. Conscientes de la fuerza de este movimiento popular, la oligarquía ha recurrido a una táctica conocida: fabricar narrativas de corrupción para desacreditar a un gobierno que se niega a someterse a sus intereses.

UN HISTORIAL DE SILENCIO ANTE LA VERDADERA CORRUPCIÓN

Durante más de una década, estos medios ignoraron los escándalos que saquearon a Honduras. El caso de la Red de Diputados permitió a congresistas desviar 8.3 millones de lempiras destinados a proyectos sociales hacia ONGs fantasma, usándolos para campañas personales.

El escándalo de la Caja de Pandora fue aún más descarado: más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN) fueron canalizados a fundaciones fachada como Todos Somos Honduras y Dibattista para financiar campañas del Partido Nacional, Liberal y Frente Amplio (FAPER). Durante esos años de saqueo bipartidista, los medios de la oligarquía guardaron silencio, protegiendo a sus aliados.

Ahora, estos mismos medios acusan a los diputados de LIBRE de malversar fondos, ignorando una distinción clave: las subvenciones corruptibles del pasado frente al Fondo Social transparente de hoy. Las subvenciones, entregadas directamente a los congresistas, eran un caldo de cultivo para la corrupción, con poca o ninguna rendición de cuentas. En cambio, el Fondo Social, regulado a través del Presupuesto General, exige que los diputados presenten solicitudes a instituciones gubernamentales, garantizando que los fondos lleguen a comunidades para escuelas, clínicas e infraestructura.

El doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, lo explicó claramente: “Nunca acepté subvenciones porque critiqué su falta de controles. El Fondo Social es diferente: es transparente y sirve al pueblo”.

¿Por qué este repentino escándalo de los medios? La respuesta es el poder. El gobierno de LIBRE, bajo la presidenta Castro, ha desafiado el statu quo, negándose a obedecer a las 10 familias que han dictado la agenda política y económica de Honduras por décadas.

La oligarquía no actúa sola. Ha reclutado aliados como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que recientemente presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios de LIBRE por supuesto mal manejo de fondos. Sin embargo, ¿dónde estaba la ASJ durante los 12 años de gobierno nacionalista, cuando se perdieron miles de millones en corrupción? Su indignación selectiva levanta sospechas sobre sus verdaderos motivos.

El gobierno de LIBRE ha dado pasos firmes contra la corrupción, incluyendo negociaciones con la ONU para establecer una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH), un esfuerzo elogiado por líderes globales como el jefe anticorrupción de China, Li Xi. Sin embargo, la oligarquía mediática ignora estos avances, enfocándose en acusaciones sin fundamento para sembrar dudas.

Los hondureños no son ajenos a la manipulación, pero tampoco a la resistencia. Las 10 familias pueden controlar las ondas, pero no la voluntad del pueblo.

Con las elecciones de 2025 a la vista, la elección es clara: apoyar a un gobierno que lucha por la transparencia y la justicia social, o permitir que las mentiras de la oligarquía abran la puerta al regreso del saqueo bipartidista. La verdad está del lado del pueblo, y ningún giro mediático puede cambiar eso.


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