A menos de cinco meses de las elecciones generales de noviembre, el sistema político hondureño vuelve a enfrentar un viejo fantasma con la opacidad en el manejo de la deuda política.

En el centro del escándalo se encuentra el Partido Liberal de Honduras (PLH), que aún no ha logrado presentar una liquidación clara y completa de los fondos públicos asignados durante las elecciones internas de 2021.

¿Dónde está el dinero?

El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) ha sido cuestionado internamente por militantes, dirigentes y sectores críticos del partido ante la falta de una rendición de cuentas formal y verificable. La inexistencia de informes financieros públicos detallados y auditables ha generado fracturas internas, alimentando la desconfianza en su liderazgo y su capacidad de gestión.

Lo que debió ser un trámite administrativo ha escalado a un problema político de fondo, si el partido no puede liquidar correctamente los fondos de su propia campaña, ¿Cómo planea manejar los recursos del Estado en caso de llegar al poder?

Cabe recordar que. el candidato presidencial del PLH, Salvador Nasralla, tampoco escapa a las controversias. Como ex designado presidencial, recibió en 2022 una asignación presupuestaria de 12 millones de lempiras para ejecutar proyectos sociales. No obstante, según informes oficiales, no presentó una liquidación adecuada del uso de esos fondos, lo que provocó la suspensión de un millón de lempiras mensuales en 2023.

Este historial de mala gestión presupuestaria y falta de transparencia debilita gravemente su credibilidad como candidato y refuerza las dudas ciudadanas: ¿con qué autoridad moral se puede exigir eficiencia y honestidad, si no se puede rendir cuentas con claridad sobre fondos públicos ya utilizados?

El caso del Partido Liberal no es aislado, pero sí emblemático. En el contexto actual, donde el CNE se prepara para administrar unas elecciones generales complejas en noviembre, la falta de liquidación de la deuda política por parte de varios partidos especialmente los tradicionales, refleja debilidades estructurales en el sistema de financiamiento electoral y en el compromiso ético de las instituciones partidarias.

Con más de L.400 millones en deuda política entregados entre las elecciones internas de 2021 y las generales de ese mismo año, el país exige mayor vigilancia sobre el uso de esos recursos. La Ley Electoral establece la obligación de liquidación y auditoría, pero la práctica sigue mostrando que la impunidad contable es la norma, no la excepción.

En el marco de un proceso electoral que ya se anuncia competitivo y bajo presión, la transparencia en el manejo de fondos públicos no puede seguir siendo opcional. Los partidos deben demostrar con hechos, no con discursos que están listos para administrar un país, comenzando por rendir cuentas de su propia casa.