Cuando un fraude electoral se consuma, el daño va mucho más allá del robo de votos: se roba el futuro de un país. En Honduras, esta práctica ha sido una constante que ha condenado a generaciones enteras a vivir en pobreza, mientras una minoría se enriquece sin rendir cuentas.
Durante décadas, gobiernos nacionalistas y liberales surgidos de fraudes han gobernado sin legitimidad, sin escrutinio y sin compromiso con la ciudadanía. ¿La consecuencia? Un Estado al servicio de las élites, no del pueblo.
Cuando los gobernantes llegan al poder mediante el fraude, no tienen que responder al pueblo. Su lealtad está con quienes financiaron su ascenso: grandes empresarios, grupos criminales, políticos corruptos. Eso significa que los presupuestos no se usan para hospitales, escuelas ni empleo digno, sino para devolver favores.
- En vez de invertir en salud, entregan contratos inflados a farmacéuticas privadas.
- En vez de mejorar escuelas, firman convenios con constructoras que no construyen nada.
- En vez de subsidios al pueblo, subsidian a empresas de sus aliados.
El resultado es un país donde los recursos públicos desaparecen y las necesidades del pueblo crecen.
MÁS POBREZA, MÁS HAMBRE
Un fraude electoral perpetúa la desigualdad. Gobiernos ilegítimos eliminan o debilitan los controles fiscales, permitiendo el saqueo de los fondos estatales. Claro ejemplo lo que paso en la narcodictadura con la ENEE, BANADESA, IHSS. El dinero que podría servir para garantizar alimentos, educación, vivienda o empleo, termina en cuentas bancarias en el extranjero.
¿POR QUÉ SUBEN LOS PRECIOS Y NO HAY TRABAJO?
Un gobierno fraudulento no tiene incentivos para controlar la inflación o proteger el bolsillo del pueblo. Las decisiones económicas se toman para beneficiar a los mismos de siempre.
Se eliminan subsidios, se aumentan tarifas, se permiten monopolios en alimentos, combustibles y servicios básicos. Y aunque anuncian inversiones extranjeras, estas no se traducen en empleos dignos ni permanentes.
Los fraudes también debilitan las instituciones, ahuyentan inversiones reales y aumentan la desconfianza nacional e internacional. Así, el círculo vicioso de la pobreza continúa.
DE 2009 A 2021: EL COSTO DE UNA DÉCADA DE FRAUDES
En Honduras, los fraudes electorales de 2009 y 2017 no solo robaron la democracia: también destruyeron las finanzas públicas. Durante los gobiernos nacionalistas, se otorgaron contratos sin licitación por miles de millones de lempiras, se multiplicó la deuda pública y se privatizó lo que era del pueblo.
Entre 2010 y 2021, la inversión en salud y educación se mantuvo estancada o disminuyó en términos reales, mientras aumentaban los contratos a empresas fantasmas y se incrementaban los gastos superfluos. La pobreza aumentó del 59% al 70% y el desempleo juvenil alcanzó cifras históricas.
Honduras no puede permitirse repetir este ciclo. La relación entre fraude electoral y pobreza es directa y devastadora. La democracia no solo es un derecho, es también una herramienta de justicia social. Sin elecciones limpias, no hay desarrollo. Y sin rendición de cuentas, no hay esperanza.
Cada vez que se comete un fraude electoral, el pueblo paga el precio. Con hambre, con desempleo, con muerte.
