El congresista Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (EE. UU.), presentó una resolución que condena el indulto otorgado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y reafirma el compromiso de Washington de cooperar con Honduras en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.
La iniciativa fue introducida por el congresista Gregory Meeks durante la primera sesión del 119.º Congreso y remitida al comité correspondiente.
En el documento, se recuerda que Honduras ha sido históricamente un socio estratégico de Estados Unidos en Centroamérica, pero subrayan que el caso de Hernández representa uno de los episodios más graves de corrupción y narcotráfico vinculados a un exjefe de Estado en la región.
DESDE LA PRESIDENCIA PROMOVIÓ LA CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO
La resolución detalla que Juan Orlando Hernández, electo presidente en 2013 y en funciones desde 2014, violentó el orden constitucional hondureño al buscar la reelección, aunque la Constitución establece un solo período presidencial.
El texto señala que el entonces mandatario promovió cambios en la Corte Suprema de Justicia hasta lograr una interpretación que le permitió postularse nuevamente.
Asimismo, el documento recuerda que, durante su segundo mandato presidencial, un tribunal en Estados Unidos condenó al hermano del exmandatario por delitos relacionados con el narcotráfico
Posteriormente, fiscales federales estadounidenses establecieron que Hernández participó, entre 2004 y 2022, en una conspiración criminal de gran escala para introducir cientos de miles de kilogramos de cocaína a territorio estadounidense, utilizando su cargo público para facilitar dichas operaciones.
El documento señala que las autoridades arrestaron, extraditaron y procesaron a Hernández en el Distrito Sur de Nueva York.
En el juicio, las pruebas demostraron que Hernández aceptó millones de dólares en sobornos de redes internacionales de tráfico de drogas y dirigió a fuerzas policiales y militares hondureñas para proteger cargamentos destinados a Estados Unidos.
Durante el juicio también se mencionó que el exmandatario habría afirmado a otros narcotraficantes que “juntos iban a meter la droga por las narices de los gringos”.
PIERDE CREDIBILIDAD EE.UU.
El 26 de junio de 2024, un juez federal estadounidense condenó a Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, calificando el caso como una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo, y señalando que su abuso de poder causó daños significativos tanto a comunidades hondureñas como estadounidenses.
Pese a la contundencia del fallo, la resolución cuestiona el indulto presidencial otorgado a Hernández, al considerar que esta decisión socava la credibilidad de Estados Unidos como líder en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, pone en riesgo la cooperación internacional y envía el mensaje de que la influencia política puede imponerse sobre el Estado de derecho.
El texto también establece un contraste con la política exterior estadounidense hacia otros países de la región, señalando que mientras se han promovido acciones militares contra líderes señalados como “narcoterroristas”, se perdona a un exjefe de Estado condenado tras un juicio justo en tribunales estadounidenses.
RESPETO A LA VOLUNTAD POPULAR
Además, la Cámara de Representantes expresa preocupación por el proceso electoral celebrado en Honduras el 30 de noviembre de 2025, cuyo resultado sigue pendiente de definición.
La Cámara enfatiza la importancia de realizar un conteo de votos transparente y de garantizar elecciones libres y justas, independientemente de quién gane.
Entre sus resolutivos, el Congreso insta al Departamento de Estado a fortalecer los esfuerzos para combatir la corrupción y el narcotráfico en Honduras y en Centroamérica, incluyendo la aplicación de sanciones bajo la Ley Magnitsky y una mayor coordinación entre las fuerzas del orden.
Finalmente, la resolución expresa solidaridad con las víctimas del narcotráfico, la violencia y la corrupción tanto en Estados Unidos como en Honduras, y rechaza el uso de la fuerza militar sin autorización del Congreso, subrayando que la justicia no puede aplicarse de forma selectiva, castigando a unos mientras se indulta a otros condenados por delitos de alto impacto.
