El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, autorizó este martes a la diputada Isis Cuéllar un permiso temporal para enfrentar los señalamientos relacionados con la distribución de recursos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), tras la filtración de un video donde presuntamente se expone la forma en que se asignaban fondos.
En el mismo acto, Redondo informó que ha girado instrucciones al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que realice una auditoría exhaustiva a todos los proyectos de ayuda social que se han ejecutado bajo el artículo 349 del Presupuesto General.
“He concedido permiso a la congresista Isis Cuéllar para que pueda aclarar su situación ante los entes fiscalizadores e investigadores del Estado”, expresó Redondo ante los medios.
Esta decisión abre una oportunidad para que Cuéllar, diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), defienda su nombre y transparente el uso de recursos que, según la ley, deben ser utilizados en beneficio de las comunidades más vulnerables.
La medida es también un mensaje institucional: no habrá obstáculos desde el Legislativo para esclarecer los hechos.
Auditoría en marcha y plazo de 60 días
Cabe mencionar que, el exministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, también se ve salpicado por las revelaciones del polémico video.
Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, levantaron sospechas sobre posibles actos de clientelismo político y manejo discrecional de fondos sociales.
La presión pública y mediática ha obligado a las instituciones del Estado a activar mecanismos de control, y ahora, con la auditoría del TSC, se espera determinar responsabilidades concretas.
Auditoría en marcha y plazo de 60 días
Redondo pidió al TSC que el informe de auditoría sea entregado en un plazo máximo de 60 días, con un desglose detallado de todas las asignaciones presupuestarias hechas a través del artículo 349.
Este artículo es clave, ya que permite transferencias a instituciones y organizaciones con fines sociales, pero que en los últimos años ha sido usado como un canal opaco para repartir fondos sin el suficiente control.
La revisión abarcará todas las instituciones del Estado que hayan ejecutado proyectos bajo esta figura.
Las acciones de Luis Redondo representan una apuesta por una mayor rendición de cuentas.
Aunque los sectores conservadores intentan capitalizar políticamente el escándalo, la izquierda institucional ha optado por abrir las puertas a la investigación.
La decisión de Redondo no solo busca esclarecer hechos, sino también blindar la credibilidad de un Congreso que, por primera vez en años, responde a los intereses del pueblo y no a pactos de impunidad.
Este tipo de acciones van de la mano de la posición del gobierno de LIBRE, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, quien de forma histórica ha sido la primera en exigir una investigación a fondo sobre el caso, reiterando su compromiso con la transparencia y lucha contra la corrupción en todas sus escalas.
Misma posición ha sido impulsada por la candidata a la presidencia de LIBRE, Rixi Ramona Moncada, quien no ampara ni apaña actos de corrupción, demostrando firmeza y convicción.
Como medida para eliminar los actos de corrupción Ramona Moncada informó a través de su cuenta de X: «En acuerdo con la Coordinación General del Partido Libre, exijo la suspensión inmediata de la diputada Isis Cuéllar de sus cargos en el Partido Libre y el Congreso Nacional; la renuncia de los diputados del Partido Libre al fuero especial para ser investigados y sin excusas rendir cuentas ante el MP y los tribunales de justicia. Sin privilegios. Exijo también que se detenga en el acto la aprobación de más recursos del fondo social, el cual debe cancelarse sin vacilar».
