Organizaciones civiles, líderes de oposición y diversos sectores sociales han convocado a la población hondureña a movilizarse de forma permanente en las calles para exigir la nulidad total del proceso electoral celebrado el pasado 30 de noviembre.

La demanda surge tras la confirmación de una estrecha victoria de Nasry Asfura (40.27%) sobre Salvador Nasralla (39.53%), en un proceso que, según los denunciantes, carece de legitimidad debido a una acumulación sistemática de anomalías que alteraron la voluntad popular.

El descontento se disparó tras la parálisis del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) y las denuncias de corrupción ligadas a la empresa ASD, encargada del software de conteo. Los manifestantes sostienen que el proceso no solo fue ineficiente, sino que estuvo diseñado para favorecer al oficialismo mediante fallas técnicas provocadas y una falta de transparencia en el procesamiento de las actas.

A lo largo del escrutinio, se han documentado múltiples inconsistencias que sostienen el pedido de nulidad:

• Colapso del sistema de transmisión: El procesamiento de datos se detuvo abruptamente cuando la diferencia entre los candidatos comenzó a cerrarse, dejando al país en la incertidumbre durante días.
• Inconsistencias en las actas: El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió que más de 2,000 actas presentaron errores o inconsistencias, mientras que otras 2,500 tardaron semanas en ser ingresadas al sistema.
• Vicios en el software: Investigaciones locales señalaron pagos millonarios y posibles vínculos entre directivos de la empresa proveedora de tecnología y figuras políticas del Partido Nacional.
• Escrutinio especial tardío: La apertura de urnas para el recuento manual inició con semanas de retraso, lo que, según la oposición, permitió la manipulación de los materiales electorales.

Mientras el CNE ratificó los resultados el 24 de diciembre bajo fuertes críticas, la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, y el candidato liberal Salvador Nasralla han rechazado el veredicto. Nasralla calificó el proceso como un golpe electoral y exigió el recuento de más de 8,000 actas adicionales que no fueron debidamente auditadas.

Por su parte, organismos como la Unión Europea y Human Rights Watch habían advertido, semanas antes de los comicios, sobre el riesgo de que las instituciones electorales se vieran socavadas por la falta de independencia.

La convocatoria a las calles busca presionar a las autoridades judiciales y electorales para que invaliden las votaciones antes de la toma de posesión. Los colectivos ciudadanos argumentan que aceptar estos resultados sentaría un precedente de impunidad técnica en el país. No se trata de quién ganó, sino de cómo lo hicieron; sin transparencia no hay democracia, reza una de las consignas que circulan en las redes sociales de los organizadores.