El presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump vuelve a atacar a los migrantes, el pasado 20 de agosto, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California acogió la solicitud del expresidente republicano y reactivó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua.
Con este fallo, más de 60 mil hondureños que han vivido por décadas en Estados Unidos verán expirar sus permisos de trabajo y su protección migratoria el 8 de septiembre de 2025, quedando expuestos a la deportación masiva que tanto desea la administración Trump.
Migrantes que levantan EE. UU., tratados como enemigos
La decisión judicial se tomó de forma fría y sin argumentos extensos, ignorando el peso humano de miles de familias.
Trump alegó una supuesta “emergencia”, y los jueces respondieron alineándose con su narrativa, dejando desprotegidos a migrantes que cada 18 meses se han sometido a controles de antecedentes para renovar su estatus.
Los tepesianos no son criminales, son trabajadores que sostienen sectores clave de la economía estadounidense, pagan impuestos, contribuyen con el desarrollo local y envían remesas que mantienen a flote a miles de familias en Honduras.
El litigio no ha terminado, la Corte de Distrito deberá resolver el fondo del caso en una audiencia prevista para el 18 de noviembre de 2025.
Mientras tanto, la comunidad migrante vive con incertidumbre y prepara planes de emergencia para no ser sorprendida por redadas o deportaciones arbitrarias.
Organizaciones advierten que los migrantes deben buscar asesoría legal confiable y no caer en trampas de estafadores que, al calor del miedo, ofrecen “soluciones mágicas”.

