Otro capítulo vergonzoso de la corrupción ligada a la narcodictadura del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) está por cerrarse en Estados Unidos. Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, se declarará culpable por el delito de lavado de activos ante la Corte Federal de Miami, Florida.

La audiencia de cambio de declaración de culpabilidad ha sido fijada para el próximo 11 de agosto de 2025, marcando un golpe más a la red de corrupción que operó impunemente durante años.

Cosenza, de 65 años, fue extraditado a Estados Unidos el 4 de abril de 2024, para enfrentar cargos por conspiración para cometer lavado de activos, lavado de activos y participación en transacciones de bienes derivados de actividades criminales.

Estas acusaciones se remontan a su tiempo en la administración pública, específicamente entre 2015 y 2020.

Sobornos millonarios y la red de corrupción del régimen de JOH

Las investigaciones de la Fiscalía estadounidense son contundentes: Cosenza habría recibido sobornos millonarios a cambio de otorgar contratos para la elaboración de uniformes policiales a un empresario de Estados Unidos.

Un oscuro entramado donde se mezclaban fondos públicos con intereses privados, todo bajo el manto de la «seguridad poblacional» que supuestamente financiaba la Tasa.

Este caso, que se suma a la larga lista de revelaciones sobre la corrupción sistémica en el gobierno de JOH (hoy condenado por narcotráfico en Nueva York), también involucra a Carl Alan Zaglin, de 68 años, propietario de una fábrica de uniformes y accesorios policiales en Georgia, y a Aldo Néstor Marchena, de 50 años, residente en Florida.

La decisión de Cosenza de declararse culpable llega después de haber sido detenido en enero y extraditado en abril de 2024, tras haber rechazado las acusaciones y afirmado que su actividad era meramente «administrativa» y que «solo recibía órdenes».

Una excusa que ya se ha vuelto común entre los exfuncionarios del régimen que ahora enfrentan la justicia internacional.

Con Cosenza, ya suman siete las personas hondureñas extraditadas en lo que va de 2024, y un total de 49 desde 2014, en su mayoría por delitos de narcotráfico.

Esta ola de extradiciones, habilitada por una reforma constitucional en 2012, es un claro mensaje de que la impunidad para aquellos que se enriquecieron a costa del pueblo y se vincularon con el crimen organizado, está llegando a su fin.

La justicia, aunque lenta, parece seguir su curso para desmantelar las estructuras criminales enquistadas en el poder.