En una operación conjunta de la Policía Nacional y el Ministerio Público, capturaron este martes el diputado del Partido Nacional, Nelson Javier Márquez Euceda, en relación con un requerimiento fiscal por un megafraude que asciende a más de tres mil millones de lempiras (L.3,084,223,255.38) en perjuicio del Estado hondureño.

La información fue confirmada por el Secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, a través de su cuenta de X, donde detalló que, atendiendo una orden emanada de tribunal competente, se procedió a la captura de varias personas, entre ellas Márquez Euceda.

Junto al diputado, también fueron aprehendidos Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala y el juez Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, todos ellos señalados en la misma investigación.

Medios de comunicación locales difundieron la primera imagen del diputado Márquez, quien fue visto con corbata y rodeado de agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), confirmando su detención.

Se espera que Márquez sea trasladado en breve al Core 7, centro de detención donde se procesará su llegada.

La trama del fraude: dos décadas de saqueo

El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha desarticulado una red que, según las investigaciones, se coludió durante más de dos décadas para defraudar al pueblo hondureño. La base del fraude fue un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal.

Nelson Javier Márquez Euceda, en su calidad de exsecretario de SEDECOAS y actual diputado, es acusado del delito de fraude.

El requerimiento fiscal también implica a otros exfuncionarios públicos, abogados y jueces. Entre los señalados por fraude se encuentran Lidia Estela Cardona Padilla (exprocuradora General de la República), Martha Vicenta Doblado Andara (excoordinadora General de Gobierno), Eva María Vásquez Villanueva (exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS), Juan Fernando Madrid Lezama (apoderado legal de NAINSA), Caronte Rojas Zavala (integrante del Tribunal Arbitral), y Murray Paul Farmer (representante legal de DRC Inc.).

Además, los jueces Irissabel Lucia Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio (ya capturado) son acusados de prevaricato judicial. Héctor Alvarado Mejía (exfuncionario de la PGR) es imputado por uso de documento falso, y Rafael Eduardo Chávez Aguilar (receptor del Poder Judicial) por falsificación de documentos.

El origen y mecanismo de la estafa

El caso se remonta al año 2000, tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras contrató a la empresa estadounidense DRC Inc., que no estaba autorizada para operar en el país, y esta subcontrató ilegalmente a NAINSA.

En 2001, la ayuda internacional fue cancelada por inconsistencias en el contrato. Sin embargo, años después, DRC Inc. y NAINSA promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La investigación revela que ambas empresas establecieron un acuerdo confidencial para presentar múltiples demandas contra el Estado por los mismos hechos, actuando como entidades separadas pero coordinadas, con el único fin de defraudar.

Utilizaron procesos arbitrales con múltiples irregularidades, incluyendo escritos falsos y reglamentos no publicados, para obtener fallos millonarios a su favor.

La participación de Márquez y los jueces

El requerimiento fiscal detalla que en enero de 2020, Nelson Márquez Euceda, en su cargo de secretario de SEDECOAS, remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un Acuerdo Ejecutivo para evitar una «erogación mayor», a sabiendas de que el laudo carecía de validez legal. Un mes después, SEDECOAS y NAINSA firmaron un convenio extrajudicial para realizar pagos millonarios.

A pesar de asignaciones presupuestarias en 2020 y 2021, Márquez incumplió lo pactado, lo que dio lugar a una nueva demanda de ejecución forzosa admitida por la jueza Irissabel Miranda Hernández.

Posteriormente, en 2022, el juez Raymundo Gradiz Vilorio (hoy capturado) admitió otra demanda millonaria. Según el MP, ambos jueces continuaron ordenando pagos millonarios pese a conocer la nulidad del laudo arbitral.

Las investigaciones indican que los imputados se beneficiaron directamente de los fondos, que fueron depositados en cuentas personales y de familiares, incluyendo pagos de hipotecas y transferencias directas a personas responsables de garantizar la legalidad de los procesos.