El Instituto de la Propiedad (IP) se encuentra en el centro de una serie de denuncias por presuntos actos de corrupción y mala administración, en los que se señala la responsabilidad del diputado Jorge Cálix y personas de su círculo de confianza. Las acusaciones, presentadas por las actuales autoridades del IP ante el Ministerio Público (MP), abarcan desde el uso irregular de fideicomisos hasta la manipulación de documentos públicos.
El secretario ejecutivo del IP, Francisco Bocanegra, entregó recientemente 41 expedientes de investigación al MP, correspondientes a hechos ocurridos entre 2019 y 2022. Según el funcionario, estos casos involucran a más de 150 personas, entre empleados, notarios, usuarios y exempleados, y reflejan una red de corrupción que operó en distintas áreas de la institución.
Entre las irregularidades denunciadas se mencionan la falsificación de firmas y sellos oficiales, la alteración de certificaciones catastrales y de herencia, así como el cobro indebido de viáticos y la manipulación de trámites de propiedad. Bocanegra afirmó que parte de estas irregularidades ocurrieron durante el periodo en que el IP fue controlado por personas designadas por Jorge Cálix, a quien señaló como responsable político de las estructuras internas que facilitaron los actos irregulares.
Además, la Secretaría de Finanzas denunció el uso indebido de fideicomisos del IP, asegurando que la gestión de Cálix y su equipo permitió el desvío de fondos públicos. De acuerdo con esas denuncias, al menos 14 millones de lempiras habrían sido utilizados para obras que beneficiaron directamente al diputado, incluyendo la pavimentación de la calle que conduce a su vivienda en Santa Lucía, departamento de Francisco Morazán.
También se mencionan contratos suscritos por más de 29 millones de lempiras con organizaciones no gubernamentales para la entrega de kits de emprendedores y ecofogones, fondos que presuntamente habrían tenido fines proselitistas.
El nombre de la esposa de Cálix, Camila Agüero, también aparece en las denuncias. Según Bocanegra, existen cheques emitidos a su favor provenientes de los fideicomisos del IP, lo que calificó como pagos indebidos de fondos públicos. “Si encuentran una sola prueba en mi contra, me entregaré personalmente, pero no la tienen”, respondió Cálix, rechazando las acusaciones y asegurando que todo forma parte de una campaña política en su contra.
El funcionario del IP, por su parte, ha reiterado que Cálix “no es una víctima”, sino que habría fungido como autor intelectual de una estructura de corrupción que operó dentro de la institución.
Los expedientes se encuentran ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si procede la presentación de requerimientos fiscales. Hasta el momento, no se ha emitido ninguna resolución judicial ni se han presentado cargos formales.
Seguimiento
Las autoridades del IP aseguran que continuarán presentando nuevas líneas de investigación mientras se revisan las auditorías internas. Por su parte, el Ministerio Público aún no ha confirmado si abrirá procesos judiciales contra los señalados.
El caso promete generar nuevas repercusiones políticas, especialmente en un momento en que Jorge Cálix busca fortalecer su liderazgo dentro del oficialismo.
