La Comisión Interventora del Instituto de la Propiedad (IP) destapó un alarmante despilfarro millonario que asciende a más de 12 mil millones de lempiras en administraciones anteriores, cifra que podría dispararse a casi 17 mil millones al sumar otros casos de corrupción.
La denuncia pública, realizada este martes, señala la creación de una estructura paralela, la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), diseñada presuntamente para evadir la Ley de Contratación del Estado y manejar fondos a discreción.
El miembro de la comisión interventora, Francisco Bocanegra, afirmó que las gestiones pasadas «sabían que estaban actuando al margen de la ley».
Denunció que la UCP fue creada «para evitar procesos de contratación transparentes, no pagar formularios, y disponer del dinero público como si fuese una chequera privada».
Los recursos, destinados a garantizar el derecho a la propiedad, fueron presuntamente utilizados para fines ajenos al mandato institucional, como inauguración de calles, entrega de estufas, casas abandonadas, chimbos de gas y proyectos habitacionales sin sustento.
El IP: una «piñata» bajo el narcogobierno con Ebal Díaz como ejecutor
La corrupción en el IP, según la interventora, se remonta al «narcogobierno» de Juan Orlando Hernández, actualmente preso en Nueva York.
El principal ejecutor de estos actos en ese régimen habría sido el entonces ministro de la Presidencia, Ebal Díaz Lupián.
Dos años después de que Díaz Lupián se nacionalizara en Nicaragua, el Ministerio Público (MP) de Honduras inició audiencias para confiscar sus cuentas bancarias.
Díaz tiene un requerimiento fiscal vigente desde el 30 de julio de 2024 por el desvío de 294 millones de lempiras (11.8 millones de dólares), fondos destinados al proyecto habitacional «Casas Contenedores» para los afectados por los huracanes Eta e Iota en 2020, en Ciudad Morazán.
El MP, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), acusó a Díaz Lupián, quien fuera también miembro presidente del Consejo de Administración del IP, de dirigir una «estructura criminal para orquestar un megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10 mil familias hondureñas».
Por este caso, también están acusados Zonia Margarita Morales, Lizeth Guadalupe Villatoro, Mario León Gómez, Rolando Federico Poujol, Juan Ramón Cruz Carbajal, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla, Myrna Isabel Mejía Flores, Dino Francisco Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Oscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michele Montoya Zepeda, todos ellos relacionados con la UCP.
Los delitos imputados incluyen asociación para delinquir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta.
Jorge Cálix y «Ayudando con Amor»: otra faceta de la corrupción
La historia de corrupción en el IP también tocó al actual gobierno, que ha tomado decisiones históricas para cumplir sus compromisos con la transparencia.
Se señaló que la oenegé «Ayudando con Amor» fue utilizada para proselitismo político, recibiendo una donación de 39.5 millones de lempiras por parte del IP cuando este estaba bajo la dirección de Darío García, vinculado a Jorge Cálix.
Este caso fue condenado públicamente por la Presidenta Xiomara Castro, quien pidió una intervención inmediata del IP como muestra de «cero tolerancias a la corrupción» en su administración.
Funcionarios gubernamentales, como el entonces ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, también señalaron que dicha organización habría sido usada por Cálix para comprar y entregar kits de emprendimiento a su nombre.
La máxima autoridad del IP cerró su intervención explicando la nueva visión del Instituto, está centrada en modernizar sus procesos, ofrecer un servicio eficiente, y garantizar que cada acción esté orientada al beneficio de los ciudadanos, con tolerancia cero a la corrupción. pic.twitter.com/ySZw04FzqQ
— Instituto de la Propiedad (@ip_hond) July 1, 2025
Placas de papel
Es de recordar que, durante la administración del IP por parte de los cercanos a Cálix, se comenzaron a emitir placas vehiculares de papel, a lo que el interventor Bocanegra, expuso que con los fondos mal utilizados se pudo haber adquirido hasta diez veces las placas vehiculares necesarias, mientras el presupuesto anual del IP, de 1,250 millones de lempiras, se consume principalmente en sueldos y salarios.
El funcionario reveló que el Ministerio Público tiene abiertas más de 20 líneas de investigación sobre el IP, que incluyen casos de falsificación de boletas de revisión, uso de documentos falsos y colusión con notarios públicos.
Además, calificó como “casas chatarra” el proyecto Residencial Morazán, plagado de irregularidades desde su origen, y cuya situación ha generado protestas por parte de los propietarios que ya habían sido adjudicados.
Finalmente, reconoció que la ejecución presupuestaria del IP este año apenas alcanza el 37 %, reflejando la magnitud de los retos institucionales actuales.
