El gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, ha ordenado el cierre del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y la derogación de la Ley de Secretos después de descubrirse graves irregularidades en la administración de fondos por parte del gobierno anterior.
Durante el gobierno anterior, el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad se utilizó como una estrategia de corrupción público-privada, permitiendo el desvío de fondos públicos para favorecer a privados con contratos asignados sin los debidos procedimientos de transparencia y control.
El Comité Técnico del Fideicomiso (CTF), encargado de ejecutar las compras emanadas del Consejo de Defensa y Seguridad, estaba compuesto por representantes del sector privado (COHEP), la sociedad civil (FONAC) y el gobierno.
Este comité ejecutó aproximadamente L30,000 millones en compras opacas, amparadas en la Ley de Secretos y al margen de la Ley de Contratación del Estado, sin siquiera contar con un reglamento o procedimiento operativo.
Además de los fondos provenientes de la Tasa de Seguridad, el Fideicomiso contrajo deuda hasta el año 2031 con tasas de interés de hasta el 12%. La Secretaría de Finanzas ha renegociado estas condiciones, reduciendo la tasa de interés al 7.5%.
Durante el proceso de liquidación del fideicomiso, SEFIN descubrió que el director ejecutivo disponía de una tarjeta de crédito con un límite de L1,250,000, utilizada para gastos personales. También se encontraron compras de boletos a conciertos, bebidas alcohólicas y financiamiento de viajes turísticos con fondos del Fideicomiso, así como más de 130 contratos sobrevalorados o fuera de su naturaleza, incluyendo la compra de vehículos, helicópteros, armas y el avión presidencial.
La Secretaría de Finanzas (SEFIN), emitió un comunicado detallando los hallazgos de una gestión caracterizada por la falta de transparencia y la corrupción, involucrando más de treinta mil millones de lempiras.
Cabe mencionar que, Francisco Roberto Cosenza, exdirector de la Tasa de Seguridad, fue extraditado y se declaró culpable de aceptar sobornos a cambio de la concesión de un contrato millonario para confeccionar uniformes de la Policía Nacional.
Por instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro, desde la liquidación del fideicomiso en 2022, SEFIN está preparando la documentación pertinente para ser remitida al Ministerio Público con su respectiva denuncia penal.
La derogación de la Ley de Secretos y del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, mediante decretos legislativos en marzo y junio de 2022, ha permitido transparentar el destino de los fondos de la tasa de seguridad, revelando el alcance de la corrupción y tomando medidas para evitar su repetición.
