El diputado Ramón Barrios, representante del partido Libertad y Refundación (LIBRE), manifestó su enérgica condena a la injerencia de Estados Unidos (EE. UU.) en los procesos electorales de Honduras, asegurando que esta ha tenido repercusiones directas en las autoridades electas por la ciudadanía.

En declaraciones recientes, el congresista destacó la paz durante el desarrollo de los comicios, pero dirigió sus críticas al grado de intromisión externa. «Condenamos enérgicamente el grado de injerencismo que ha tenido repercusiones en las autoridades que hemos electo los hondureños y las hondureñas», aseveró Barrios.

Posición del Fiscal General: representante de la sociedad

El diputado de Libre también aprovechó para defender la actuación del fiscal general del Estado en el marco de la aplicación de la ley. Barrios hizo hincapié en el papel fundamental del titular del Ministerio Público.

«El fiscal general del Estado es el llamado a representar los intereses de la sociedad hondureña, de todos, no representa los intereses de los militantes y simpatizantes que por el Partido Nacional, por el Partido Liberal por el Partido Libertad y Refundación. No, representa los intereses de todos los hondureños y esa representación, dice la Constitución, es en función de ejercer la acción penal pública al caso personal», detalló.

Barrios consideró que el anuncio y las acciones del fiscal general simplemente cumplen con lo establecido en la Constitución de la República.

Advertencia sobre juicio político

El congresista emitió una seria advertencia sobre las posibles consecuencias de un juicio político contra el fiscal por el simple hecho de cumplir su mandato constitucional.

«Vea qué mal presagio, qué mal antecedente. Si la clase política que ha sido electa para el próximo Congreso Nacional lo destituye a través de un juicio político simplemente por cumplir la Constitución», puntualizó.

Finalmente, el diputado Barrios sentenció que, aunque a una persona se le haya aplicado un indulto en Estados Unidos, si cometió delitos en Honduras, el fiscal general del Estado está «obligado a aplicar la ley general al caso concreto».