El director de Aduanas y dirigente del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Fausto Calix, desestimó categóricamente la hipótesis de que la inteligencia artificial (IA) haya sido utilizada para la fabricación de los audios que desataron una fuerte controversia política, asegurando que se trata de un acto de «inteligencia criminal«.
Enfocado en la gravedad de las grabaciones, Calix defendió la actuación del Ministerio Público (MP) y criticó duramente a figuras de la oposición, sugiriendo que, en un país con justicia efectiva, los involucrados ya deberían estar siendo procesados.
No es IA, es conspiración criminal, afirma Calix
Calix centró su argumento en la autenticidad de los audios revelados, señalando que el Fiscal General no se atrevería a presentarlos en conferencia de prensa «sabiendo que esos audios son reconstruidos con inteligencia artificial», ya que ello «compromete la institucionalidad, compromete el proceso, compromete su nombre».
El funcionario enfatizó que, si el Fiscal General afirma que «son auténticos», es porque ya han pasado por una «primera verificación» con los peritos especializados que posee el Ministerio Público.
«Lo segundo es que de ninguna manera es inteligencia artificial. Lo que sí es, es inteligencia criminal. Los que están ahí conspirando para boicotear el proceso electoral, para dar un golpe al proceso electoral en toda esa trama son criminales.»
El director de Aduanas trajo a colación el historial de los partícipes en los audios, recordando eventos como el golpe de Estado, el fraude electoral de 2013 y 2017, y la relación con el narcotráfico, para argumentar que se trata de individuos con capacidad y disposición criminal.
Exige dimisiones y cuestiona a la oposición
Calix fue contundente al exigir la dimisión de los aludidos, como los congresistas Tomás Zambrano y Cossette López, indicando que en cualquier país serio «ya hubiesen renunciado» y «deberían estar camino a Támara».
El dirigente de Libre aseveró que una denuncia de esta naturaleza «mueve todos los cimientos de una democracia» porque atenta «contra el estado de derecho, atentan contra la democracia, atentan contra el proceso electoral.»
Además, cuestionó la doble moral de la oposición respecto a la lucha contra la corrupción, citando la paradoja entre exigir denuncias al Ministerio Público y luego calificar los requerimientos fiscales como «persecución política«.
«Aquí parte de la oposición siempre exige que se denuncie toda irregularidad en el Ministerio Público… Y cuando se presenta requerimientos dicen: ‘Persecución política’. Entonces no se les entiende si es que quieren que se persiga la corrupción o quieren que se persiga la corrupción a la medida que ellos quieran.»
Respaldo a la denuncia y al proceso legal
El director de Aduanas respaldó la acción del consejero Marlon Ochoa de presentar la denuncia ante el Ministerio Público, a la que calificó de «responsable», destacando que es el ente investigador del Estado el que tiene la «facultad constitucional para identificar la veracidad o no de los indicios».
Calix defendió la cautela del Ministerio Público al tardar unos días en la verificación, asegurando que «de lo contrario esa denuncia estaría archivada.» Asimismo, instó a la ciudadanía a poner la denuncia en conocimiento de las autoridades al enterarse de una irregularidad, tal como lo hizo el consejero Ochoa.

