A pocas semanas de las elecciones del 30 de noviembre, el panorama político hondureño se encuentra marcado por una creciente disputa en el terreno de la opinión pública. Más allá de los mítines y las estrategias de campaña, el foco de la contienda parece haberse trasladado hacia un ámbito menos visible pero decisivo: la construcción de narrativas en torno a las encuestas y la percepción del voto.

Distintas mediciones de opinión han comenzado a ofrecer resultados dispares sobre quién lidera la intención de voto. A pesar de que algunas encuestadoras serias y con credenciales internacionales posicionan a Rixi Moncada, candidata de Libertad y Refundación (Libre), como la favorita, otras, con antecedentes cuestionables y manipulación previa del bipartidismo y sus aliados, muestran una competencia a favor de Salvador Nasralla y Nasry Asfura.

El último en hacerlo fue la ASJ, quien contrató a la empresa Le Vote para difundir una encuesta, empresa que en 2017 daba por ganador a Juan Orlando Hernández por más de 10 puntos, esto sirvió para validar el escandaloso fraude cometido en contra de la alianza. 

Esta divergencia no es casual. En un contexto donde la credibilidad de las encuestadoras se ha convertido en un recurso político, los sondeos funcionan no solo como herramientas de medición, sino también como instrumentos de influencia sobre la opinión pública y la percepción de inevitabilidad del triunfo.

Las encuestas pueden cumplir una doble función: informar, pero también configurar un marco de expectativas. En este sentido, algunos observadores advierten que ciertos sectores podrían estar impulsando narrativas que anticipen un escenario donde Libre no tiene posibilidades con el fin de cuestionar los resultados oficiales en caso de una victoria de Libre.

El caso de la encuestadora Le Vote Harris, contratada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ha sido particularmente comentado. Su reciente sondeo coloca a Nasralla como puntero, generando debate sobre la metodología y neutralidad de este tipo de estudios, especialmente al recordar que en elecciones pasadas sus proyecciones favorecieron a los candidatos del bipartidismo.

La oposición ha unido fuerzas y está usando todos sus recursos a disposición: medios de comunicación, encuestadoras, organizaciones de sociedad civil y voceros de derecha para preparar el camino de no reconocimiento de la victoria de Rixi Moncada el 30 de noviembre. 

Por tanto, la disputa por el relato electoral refleja una tensión más profunda: la pugna entre el viejo orden político y las fuerzas que buscan consolidar un nuevo proyecto de país donde el pueblo sea prioridad.

En un entorno mediático polarizado, la responsabilidad informativa y la prudencia ciudadana serán claves para garantizar que el desenlace electoral sea reconocido como fruto de la voluntad popular y no de la manipulación narrativa de los grupos conservadores afines al bipartidismo.