¿Privatizar lo público para beneficiar a quién?

Durante décadas, el bipartidismo ha estado aliado con un grupo de 10 familias poderosas exoneradas que no pagan impuestos y, están obsesionadas con convertir los servicios públicos en negocios privados.

Hoy, esa mismo grupo sigue con privilegios, mientras el pueblo exige soluciones, ellos ofrecen más mercado, menos Estado, y promesas que sólo benefician a una élite. ¿Quién gana realmente con esa fórmula?

Caso l: Nasralla y la “liberación” disfrazada de privatización

Salvador Nasralla propone “liberar la energía eléctrica” si llega a la presidencia. Pero detrás de esa frase atractiva se esconde un viejo y conocido proyecto, la privatización del sistema eléctrico. Ya se ha intentado antes y el resultado fue devastador para el pueblo: cortes de energía constantes, contratos oscuros y tarifas impagables. ¿De verdad queremos más de eso? ¿A quién se libera con esa propuesta? ¿Del Estado o del control ciudadano? La energía es un derecho, no un privilegio para los empresarios.

En el caso ll: Luis Larach quiere privatizar el IHSS

El expresidente del COHEP, Luis Larach, propone sacar al gobierno de la administración del IHSS para ponerlo en manos de empresarios y trabajadores. Pero más allá del discurso técnico, esta propuesta de él busca desplazar al Estado para ceder el control a quienes ya dominan la economía nacional.

¿Qué garantía tiene el pueblo de que este “nuevo modelo” no termine priorizando el lucro por encima de la salud?

¿No es esto una forma de privatización encubierta, entregando un bien común a intereses particulares y a las 10 familias más ricas?

Como tercer caso tenemos: La privatización de la ENEE que proponía el Partido Nacional durante el gobierno de Juan Orlando

Durante los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, la privatización del sistema energético fue una política de Estado. Se firmaron contratos millonarios a favor de generadoras térmicas, pagaderos en dólares, cargando la factura al pueblo. A esto se suman años de abandono, corrupción y sabotaje, lo que derivó en una deuda de más de 75 mil millones de lempiras y una crisis estructural. El plan era claro: quebrar la estatal para justificar su entrega al sector privado.

¿Qué modelo queremos como país?

Hoy, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro impulsa una política energética basada en el fortalecimiento del Estado y en declarar la energía como un derecho humano. ¿Quiénes se oponen? Precisamente los que antes la saquearon.

Ante la ofensiva mediática y política para reinstaurar el modelo de privatización, es importante que el pueblo se pregunte ¿queremos servicios públicos al servicio de todos, o negocios privados al servicio de unos pocos?