La decisión del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro de retirar a Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), es una defensa a la soberanía económica del país.

Contrario a lo que algunos sectores han afirmado, la denuncia del convenio CIADI no significa que Honduras rechace la inversión extranjera. Ronald Chacón, en declaraciones recientes en el Foro de Libertad y Poder, subrayó que esta decisión es legal, establecida en las normas del derecho internacional y la legislación interna del país.

Esta medida fue tomada luego de un análisis profundo por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que identificó que el sistema del CIADI, lejos de proteger los intereses del país, los exponía a abusos y demandas injustificadas que obstaculizaban el desarrollo económico y social.

La retiración del CIADI en respuesta a un aumento de demandas presentadas tanto por inversionistas extranjeros como por empresas locales, muchas de las cuales buscaban explotar las vulnerabilidades del sistema para obtener beneficios injustos. La administración de la Presidenta con la Procuraduría General, ha dejado claro que esta decisión es un acto de defensa y protección de los intereses nacionales, y no un rechazo al diálogo o a la cooperación internacional.

ZEDES y DEMANADAS

Así mismo, Honduras continúa enfrentando 15 demandas pendientes, en su mayoría relacionadas con el sector energético y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES). El caso más notable es la demanda de Próspera, que reclama una indemnización de más de 10 mil millones de dólares.

Esto es un mensaje a la comunidad internacional: Honduras está dispuesta a defender sus intereses y a garantizar que las inversiones que lleguen al país lo hagan en un marco de respeto.