A cinco meses de las Elecciones Generales del 30 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha encendido las alarmas al aprobar un modelo de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que replica el cuestionado sistema de 2017, marcado por acusaciones de fraude y represión.
El consejero Marlon Ochoa, ha denunciado que esta decisión, impulsada por las consejeras Cossette López ama del Partido Nacional y Ana Paola Hall del Partido Liberal, busca manipular las actas electorales para perpetuar el control del bipartidismo y las élites económicas conocidas como las “10 familias”.
Este esquema, que incluye la verificación manual de actas y el retraso en la divulgación de resultados, amenaza con repetir la crisis electoral que dejó heridas profundas en la democracia hondureña hace ocho años.
2017: EL FRAUDE QUE MARCÓ A HONDURAS
En 2017, bajo la presidencia de David Matamoros Batson en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el sistema TREP se convirtió en el epicentro de una de las peores crisis electorales en la historia de Honduras. Contratado por 7 millones de dólares a empresas como Grupo MSA (Argentina), ITG y Comunicaciones Globales, el sistema enfrentó señalamientos por irregularidades en la adjudicación y la dudosa reputación de las firmas, acusadas de incumplimientos y sobrevaloración de contratos.
La noche del 28 de noviembre, tras el cierre de las urnas, el TREP colapsó tras un “apagón informático” que detuvo la transmisión de resultados por 36 a 53 horas, dejando solo el 50-60% de las actas procesadas.

Inicialmente, Salvador Nasralla lideraba por 5 puntos, pero al reanudarse el conteo, Juan Orlando Hernández revirtió la tendencia, ganando por un margen de 1-2%. La Organización de Estados Americanos (OEA) calificó el proceso como “no confiable”. Hubieron protestas, personas reprimidas con fuerza letal, dejando entre 23 y 33 muertos, miles de detenidos y un país fracturado.

2025: EL RETORNO DEL MODELO BATSON BAJO EL CONTROL DEL BIPARTIDISMO
El 15 de junio de 2025, Marlon Ochoa denunció que el CNE, por mayoría de votos del Partido Nacional y el Partido Liberal, aprobó un modelo de TREP que reproduce el esquema de 2017. Este sistema establece que las actas enviadas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) pasarán por una verificación manual antes de su publicación a las 9:00 p.m., un mecanismo que, busca retrasar los resultados, la manipulación de actas. “Personas sentadas en un escritorio en Tegucigalpa decidirán si estas actas se divulgan o no. Esto es el modelo de 2017 y 2013”, afirmó en conferencia de prensa.
Marlon Ochoa también señaló que esta decisión viola el artículo 279 de la Ley Electoral, que exige la transmisión simultánea de las actas a los partidos políticos y un primer corte de resultados tres horas después del cierre de las votaciones.

El retraso impuesto por la verificación manual imposibilita cumplir con estos plazos, generando un espacio de opacidad que recuerda los “apagones informáticos” de 2017.
LAS “10 FAMILIAS” Y EL PODER DETRÁS DEL BIPARTIDISMO
La aprobación de este modelo TREP no puede entenderse sin analizar el papel del bipartidismo histórico en Honduras, encarnado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, que han dominado la política nacional durante más de un siglo.
Según analistas y denuncias recurrentes, estos partidos actúan como instrumentos de las élites económicas conocidas como las “10 familias”, un grupo de poderosos clanes que controlan sectores clave como la banca, los medios, la agroindustria y el comercio. Nombres como Facussé, Canahuati, Atala, Nasser y Kafati han sido asociados históricamente con esta red de influencia, aunque la falta de investigaciones formales limita la evidencia pública.
Estas familias, según críticos, han utilizado el control de instituciones como el CNE para perpetuar su dominio, manipulando procesos electorales para favorecer a candidatos afines a sus intereses. En 2017, el sistema TREP fue adjudicado a empresas cuestionadas sin procesos transparentes, y la reelección de Juan Orlando Hernández consolidó el poder de estas élites, que se beneficiaron de políticas económicas y contratos estatales durante su gobierno.
Sin duda alguna esta denuncia, sugiere que el modelo TREP de 2025 busca repetir este esquema, con la verificación manual de actas como una herramienta para “filtrar” resultados que amenacen los intereses de las “10 familias” y sus aliados políticos.
La mención de Mapa Soluciones refuerza estas sospechas. En procesos electorales anteriores, empresas contratadas por el CNE han sido señaladas por vínculos con el bipartidismo y las élites económicas, actuando como operadores técnicos de fraudes. La falta de claridad sobre la adjudicación del TREP de 2025 y el historial de irregularidades en 2017 alimentan la percepción de que las “10 familias” están detrás de esta maniobra, utilizando el CNE como un instrumento para frenar el ascenso de fuerzas políticas como LIBRE, que representan una amenaza a su hegemonía.
EL PUEBLO COMO ÚLTIMA DEFENSA
Ante este escenario, Marlon Ochoa ha hecho un llamado a la vigilancia ciudadana y la participación masiva para derrotar un posible fraude, como ocurrió en 2021. Cuando la movilización popular aseguraron la victoria de la primer mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro. “Tal como en 2021, derrotaremos el fraude”, afirmó, instando al pueblo a proteger su voluntad en las urnas.

