El Refugio de Vida Silvestre Texiguat, ubicado entre Yoro y Atlántida, enfrenta una crisis ambiental que durante más de una década fue ignorada.

En los últimos 10 años, se han identificado 33 construcciones ilegales dentro de la zona núcleo, la deforestación de más de 1,100 hectáreas de bosque, la apertura de 13 kilómetros de carretera clandestina y la expansión de cultivos y ganadería sin autorización.

Estas prácticas ilegales violan el Plan de Manejo 2016–2028, contradicen la meta nacional de Cero Deforestación al 2029 y transgreden el Decreto 060-2024, que prohíbe expresamente el cambio de uso del suelo en áreas protegidas.

Pero más allá de la destrucción ambiental, lo que está en juego es la seguridad hídrica de miles de familias. Las microcuencas del Río Mezapa y Jilamito, que abastecen a comunidades enteras en el municipio de Arizona, están siendo puestas en riesgo por la pérdida acelerada de bosque.

Ante esta realidad, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) a través de la FTIA, en coordinación con el Segundo Batallón de Protección Forestal y la Procuraduría General de la República (PGR), ha emprendido operativos para frenar la destrucción, recuperar las áreas invadidas y garantizar la protección de este refugio declarado como patrimonio natural.

El esfuerzo no es menor, por más de 12 años, la protección efectiva de Texiguat estuvo abandonada por gobiernos anteriores, lo que permitió la expansión de estas actividades ilegales. Hoy, bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro y el gobierno de LIBRE, se impulsa una política ambiental activa que busca frenar la impunidad y rescatar las áreas protegidas como bienes comunes del pueblo hondureño.

Con Texiguat en el centro de la atención nacional, la defensa del agua, la vida silvestre y la soberanía sobre los recursos naturales se convierte en un tema político clave, que contrasta con décadas de desidia y entrega de los bienes comunes.