En el municipio de Tela, Atlántida, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) llevó a cabo un operativo de inspección tras recibir denuncias de extracción ilegal de material minero no metálico.

La acción contó con el apoyo de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y el Segundo Batallón de Protección Ambiental, reafirmando un trabajo articulado entre Estado y sociedad para frenar los delitos ambientales.

Durante la inspección, las autoridades encontraron cuatro camiones tipo volqueta cargados con material recientemente extraído, así como una excavadora hidráulica utilizada en la actividad minera. Estos hallazgos evidencian no solo la magnitud de la explotación ilegal, sino también la impunidad con la que operan actores que, en nombre del lucro, destruyen ecosistemas y ponen en riesgo fuentes de agua y suelos.

Las personas a cargo de la maquinaria aseguraron tener permisos municipales y del Sistema de Información Territorial. Sin embargo, al momento de la verificación no presentaron ninguna documentación válida. Esta práctica, común en zonas rurales, refleja el choque entre autoridades locales permisivas y las normativas ambientales nacionales que buscan proteger el patrimonio natural.

Ante la irregularidad detectada, la maquinaria quedó bajo custodia en calidad de depósito, mientras que a los responsables se les otorgó un plazo de tres días hábiles para entregar información que sustente su actividad. Estas acciones, aunque firmes, deben acompañarse de un seguimiento constante para evitar que la impunidad continúe favoreciendo la destrucción ambiental.

El ICF reiteró su compromiso de proteger los recursos naturales de Honduras y de combatir toda actividad ilícita que amenace la vida y el bienestar de las comunidades.