Extorsión bajo la lupa: Oposición en el Congreso extorsiona al Gobierno por aprobación del presupuesto, mientras que el los liberales extorsionan por casilla
En el entramado político que vive Honduras en la fiebre preelectoral los medios presentaron con bombos y platillos el documento emitido por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), que se presenta como un diagnóstico crítico sobre la seguridad del país. Sin embargo, lo que se debe cuestionar es la validez de sus afirmaciones, especialmente debido a su dependencia del Departamento de Estado de EE.UU. y sus alineamientos políticos.
La ASJ, una herramienta del discurso opositor, lanza dardos contra el actual gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, ignorando la historia sombría de corrupción y violencia que ha marcado a Honduras durante años. Entre 2010 y 2021, el país enfrentó una de las peores crisis de violencia en su historia, con tasas de homicidio que alcanzaron niveles alarmantes. Durante estos años, el crimen organizado floreció en medio de un vacío institucional, mientras que la Policía Nacional, liderada por figuras como el Tigre Bonilla, se vio involucrada en escándalos de corrupción y muertes violentas. Según datos de la Secretaría de Seguridad, la tasa de homicidios había superado los 80 por cada 100,000 habitantes, lo que colocó a Honduras entre los países más violentos del mundo.
Sin embargo, los esfuerzos de la administración de la primera mujer presidenta y del general Gustavo Sánchez al frente de la Policía Nacional han mostrado signos de mejora evidentes. En 2024, se reportaron logros históricos en la disminución de la violencia. El gobierno ha impulsado programas de prevención del delito y el fortalecimiento de la Policía, lo que ha contribuido a crear un ambiente más seguro y estable para la población. Datos recientes indican que en lo que va del año, la tasa de homicidios se ha reducido a menos de 30 por cada 100,000 habitantes, una cifra sin precedentes en más de una década.
Es irónico que la ASJ, que critica los logros del gobierno actual, desestime su intento por mejorar la seguridad en una nación que ha sido devastada por poderes criminales que ellos mismos han contribuido a crear. Además, es fundamental señalar que los extorsionadores de los que nadie habla son algunos miembros de la oposición en el Congreso Nacional, quienes extorsionan al gobierno para aprobar proyectos. Por ejemplo, la oposición ha amenazado con no aprobar el Presupuesto General de la República 2025 a menos que se elimine de la discusión nacional la Ley de Justicia Tributaria. Asimismo, figuras como Iroshka Elvir y Salvador Nasralla han sido señaladas como grandes extorsionadores que cobran por casilla en su movimiento interno en el Partido Liberal.
La desconexión de la ASJ con la realidad que el pueblo hondureño enfrenta se vuelve aún más evidente al ignorar estas dinámicas. En su momento, los líderes de organizaciones criminales, amparados por la corrupción sistémica, se convirtieron en actores de poder, mientras que la población sufría las consecuencias.
Además, ¿con qué moral se atreve la ASJ a cuestionar las políticas de seguridad de un gobierno que ha empezado a traer resultados positivos? La asociación parece ignorar su propio historial, que incluye vínculos con figuras del crimen y la corrupción. La condena de exfuncionarios como Juan Orlando Hernández y el propio Tigre Bonilla son el mejor llamado a la reflexión sobre el papel de la ASJ en la reconstrucción del tejido social y la restauración de la confianza pública.
Esta crítica no busca desestimar la importancia de la vigilancia y la rendición de cuentas en el manejo de la seguridad, pero señala la necesidad de una evaluación más equilibrada y objetiva al discutir los avances del gobierno actual. La ciudadanía merece un debate honesto, libre de extremismos y manipulación, donde se reconozcan los logros y se enfrenten los desafíos sin caer en el juego político de la oposición.
En un momento en que el país necesita unidad y esfuerzos comunes para consolidar la paz y la seguridad, el papel de organizaciones como la ASJ debe ser condenado. La promoción de discursos de odio y la deslegitimación de un gobierno que trabaja por el bienestar del pueblo no contribuyen a la estabilidad de Honduras. Al contrario, fomentan la división social.
