Un nuevo día de juicio por la polémica Tasa de Seguridad, sigue dando de qué hablar en Honduras.
Este caso, muestra la existencia de una estructura pública y privada al servicio del saqueo y la corrupción.
Tal estructura no fue un engranaje exclusivo del Estado, sino un mecanismo donde el sector privado jugó un papel central.
El turno de testimonio en este día de juicio fue para Juan Ramón Molina, quien declaró en calidad de representante del Comité de la Tasa de Seguridad, cargo que ejercía con derecho a veto.
La Fiscalía introdujo un documento clave: un oficio firmado por la entonces presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Aline Flores, dirigido al exmandatario y narcotraficante confeso Juan Orlando Hernández.
En la carta, el COHEP no solo pedía la designación de Molina como representante del empresariado en la Tasa, sino que además proponía a José Eduardo Atala Zablah como su suplente.
Atala Zablah, como ha sido público, ha sido señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres.
El documento, con sello oficial y firma de Flores, confirma lo que muchos analistas ya denunciaban: la cúpula empresarial no se limitó a acompañar el proceso, sino que definió quiénes administrarían un fondo que, bajo la justificación de “seguridad ciudadana”, terminó convertido en un río de sobornos y contratos oscuros.
Uno de esos contratos benefició directamente al COHEP durante la presidencia de Flores: más de 3,000 vehículos vendidos y rentados con cargo a la Tasa de Seguridad, unidades cuyo paradero hasta hoy permanece en la sombra.
Estos datos que se desprenden del juicio en Estados Unidos, estremecen la política hondureña y demuestra que la empresa privada, estuvo involucrada en cada una de las etapas del caso.
A pesar de que la información que trasciende del juicio está siendo en su mayoría omitida por los medios de comunicación, muestran una verdad que por años ha patrocinado y avalado el bipartidismo.
Más allá de los nombres propios Molina, Flores, Atala, Hernández, el juicio expone una verdad incómoda: la Tasa de Seguridad fue posible gracias a una alianza entre Estado, cúpulas empresariales y banca privada. Un triángulo que garantizó impunidad, negocios y concentración de poder.
Hoy, el país enfrenta las consecuencias: fondos desaparecidos, contratos imposibles de rastrear y un historial de asesinatos, como el de Berta Cáceres, que manchan de sangre la relación entre intereses privados y decisiones públicas.
El juicio apenas comienza, pero lo ya revelado obliga a un debate de fondo: la corrupción no puede seguir encubriéndose solo porque salpica a la cúpula empresarial, al bipartidismo hondureño y a quienes desde la comodidad del poder se beneficiaron de la Tasa de Seguridad.
