El Partido Liberal de Honduras atraviesa una profunda crisis de credibilidad, no solo por las divisiones internas que lo han debilitado electoralmente, sino también por su incapacidad de actuar con firmeza frente a la corrupción que involucra a varios de sus miembros. 

Y es que una organización política que en el pasado se presentó como garante de la democracia y la ética pública, hoy guarda silencio, evade y hasta justifica  responsabilidades frente a los señalamientos que pesan sobre algunos de sus dirigentes.

El caso de Mauricio Villeda, quien estuvo vinculado a la recepción de fondos del narcotráfico para su campaña, nunca fue cuestionado por el Partido Liberal, mucho menos, fue separado de sus filas. 

Caso similar, es el del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien ha sido protagonista de un caso de corrupción donde el principal cabecilla es su yerno, Steve Fajardo. 

Ante ello, nuevamente el Partido Liberal demuestra que carece de voluntad para exigir transparencia y, en consecuencia, para pedir la renuncia de quienes estén bajo sospecha o investigación.

La ética política debería ser el mínimo exigible a quienes representan a la ciudadanía, pero el Partido Liberal parece haber renunciado a esa responsabilidad. La falta de autocrítica y de mecanismos internos para depurar sus filas no solo pone en detrimento su legitimidad, sino que envía un mensaje peligroso: que la corrupción puede convivir con la política sin consecuencias.