Durante el régimen de Juan Orlando Hernández, la corrupción se institucionalizó y la impunidad se convirtió en una práctica sistemática.

En ese contexto, funcionarios, políticos y periodistas fueron parte de una red que utilizó los recursos del Estado para enriquecerse, manipular a la opinión pública y encubrir los abusos de poder. Uno de los casos más reveladores de esta trama fue el escándalo Hermes, investigado por la extinta MACCIH, que evidenció el pago ilegal a comunicadores a través de una red operada desde Casa Presidencial por la hermana del expresidente, Hilda Hernández.

Entre 2014 y 2016, bajo el disfraz de contratos publicitarios, se destinaron más de 98 millones de lempiras para manipular los medios de comunicación a favor del régimen. Se crearon empresas de papel para firmar 29 contratos con Casa Presidencial, y se emitieron al menos 53 cheques para pagos directos a periodistas, con montos que iban desde los 15 mil hasta los 100 mil lempiras mensuales, según reveló la UFERCO.

Estos recursos públicos no solo se usaron para mejorar la imagen de la narcodictadura de Hernández, sino para comprar silencios, influencias y líneas editoriales. Así se construyó una red mediática que protegió el régimen del bipartidismo y que hoy, con absoluta hipocresía, se presenta como paladín de la verdad.

Entre los beneficiarios figuran nombres conocidos del periodismo nacional, muchos de ellos abiertamente afines al Partido Nacional y Liberal. Uno de ellos es Jorge Zelaya, actualmente diputado nacionalista, quien recibió fondos bajo este esquema. También Juan Carlos Sierra, hoy presidente del Colegio de Periodistas, que encabeza la oposición mediática contra los cambios impulsados por el gobierno progresista de Xiomara Castro, pese a haber recibido miles de lempiras de la red Hermes.

A esta lista se suman rostros conocidos de Televicentro y Emisoras Unidas, como Edgardo Melgar, Ulises Aguirre y Rosendo García, todos miembros de la vieja guardia mediática que encubrió las violaciones del pasado y ahora actúa como fuerza de choque contra el nuevo gobierno.

Estos periodistas, en lugar de rendir cuentas por el dinero público que recibieron, se han dedicado a difamar, mentir y manipular, atacando a quienes no les siguen el juego ni avalan sus privilegios. Se amparan en una “libertad de expresión” que para ellos siempre ha tenido un precio, y que vendieron sin escrúpulos a quienes saquearon Honduras.

El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a diferencia de los pactos oscuros del pasado, se ha negado a sostener los negocios bajo la mesa que mantenían a estos comunicadores como voceros del poder corrupto. Esa es la verdadera razón por la que hoy atacan con tanta saña: porque ya no son intocables, porque el tiempo de las componendas terminó.

El Caso Hermes no es solo un escándalo del pasado: es una advertencia sobre cómo la corrupción se disfraza de periodismo. Y también es una prueba de que hay un nuevo gobierno que no les teme, que no les paga, y que no se doblega ante los intereses de quienes lucraron con el silencio mientras el país se desangraba.