La oposición en Honduras vuelve a la carga y busca a su histórico aliado para violentar la Constitución de la República con respecto a la organización del proceso electoral luego de que públicamente expresaran su intención de que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) asumiera el pago del anticipo del 50% solicitado por los transportistas encargados de movilizar el material electoral. Una función que por mandato constitucional corresponde únicamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a las Fuerzas Armadas.

La propuesta, fue hecha por la propia empresa privada pero avalada, acuerdas y promovida por el Partido Nacional y Liberal, posteriormente fue enviada apenas treinta minutos después de que el CNE recibiera la oferta formal de los transportistas, lo cual ha generado sospechas dentro del organismo electoral, que considera este hecho parte de un intento de “privatizar” y “boicotear” un proceso que debe mantenerse bajo control de las instituciones garantes de la Constitución.

De acuerdo con el artículo 272 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas están llamadas a garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales. Por lo que el presidente de la República debe ponerlas a disposición del Tribunal Supremo Electoral, tal y como hasta ahora se ha sucedido.

En ninguna parte menciona que el COHEP puede asumir ese rol. Esto solo evidencia sus manifiestas intenciones de meter las manos en las elecciones generales del 30 de noviembre.

El intento del COHEP de intervenir en este proceso ha sido interpretado como una muestra de injerencia y un nuevo esfuerzo por trasladar responsabilidades públicas a actores privados.

No quieren que los garantes de la Constitución manejen el proceso y lo quieren privatizar. Además, es clave mencionar que el COHEP claramente ha dado muestras públicas de estar parcializado con el bipartidismo.

La ley también establece límites precisos. El artículo 14 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 22 de su Reglamento disponen que la facultad de celebrar contratos financiados con recursos públicos recae exclusivamente en los funcionarios del ente estatal correspondiente. Además, las asociaciones civiles, como el COHEP, no pueden realizar tareas administrativas, logísticas o de seguridad relacionadas con los procesos electorales.

El hecho de que la oferta del COHEP haya llegado apenas media hora después de la propuesta de los transportistas despierta nuevas sospechas sobre cómo obtuvo la información.

No deja de ser sospechoso cómo se enteraron tan rápido de un detalle interno del proceso dejando en evidencia que es un intento coordinado para desarticular el transporte y obstaculizar la organización del proceso electoral.

Días antes, el fiscal general de Honduras reveló audios en los que la consejera del CNE, Cossette López y el diputado nacionalista Tomas Zambrano junto a un militar no identificado, planeaban un boicot electoral que justamente pasaba por desarticular el transporte del material electoral.

Esta acción no debe ser interpretada como un hecho aislado o por mera coincidencia, es parte de un plan impulsado por sectores privados, conservadores y por el bipartidismo.

En ese marco, el país se prepara para una nueva jornada democrática, la tensión entre el sector privado y las autoridades electorales vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la independencia institucional y los intentos de interferencia en un proceso que, según la Constitución, debe ser resguardado exclusivamente por el Estado.

Para el CNE, la custodia, transporte y seguridad del material electoral son funciones indelegables. Cualquier intento de privatizarlas no solo sería ilegal, sino que atentaría contra el principio democrático del libre sufragio.