En los últimos días, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por las Consejeras propietarias Ana Paola Hall y Cossette López, se ha convertido en el epicentro de una polémica que amenaza con socavar la confianza en el sistema democrático hondureño.

Los consejeros suplentes Karen Rodríguez y Carlos Cardona, junto al consejero propietario Marlon Ochoa, han denunciado una maniobra que viola abiertamente la ley electoral y reavive los fantasmas de los fraudes electorales de 2013 y 2017. La pretensión de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall de modificar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) a menos de seis meses de las elecciones no solo es ilegal, sino un peligroso retroceso hacia la manipulación de resultados.

La Ley Electoral es clara: el artículo 21 y el artículo 279 establecen que cualquier cambio en el mecanismo de divulgación de resultados debe ser aprobado por consenso entre los tres consejeros propietarios del CNE, no por mayoría simple.

Este requisito no es por procedimiento, sino una salvaguarda diseñada para evitar que los intereses partidarios prevalezcan sobre la transparencia. Sin embargo, López y Hall, alineadas con los históricos operadores del bipartidismo, insisten en imponer un sistema que permitiría la alteración manual de actas, cerrando el acceso a la información en tiempo real para los partidos políticos y la ciudadanía. Es el mismo mecanismo que, según pruebas presentadas ante un tribunal estadounidense el 30 de junio pasado, facilitó los fraudes de 2013 y 2017. La coincidencia no es casual: es la receta probada para el fraude electoral.

Marlon Ochoa, en su rol de garante de la democracia, ha sido enfático: el objetivo es replicar el modelo de 2021, cuyos resultados fueron reconocidos por su transparencia. Pero la resistencia de López y Hall revelan la complicidad del bipartidismo que añora el control arbitrario de los comicios.

Basta recordar que David Matamoros Batson, artífice del fraude de 2017, operó bajo el mismo esquema que ahora buscan reinstalar. Peor aún: Erick Rodríguez, exrepresentante del Partido Liberal en el extinto Tribunal Supremo Electoral y cómplice de aquel atropello, es hoy asesor del candidato Salvador Nasralla.

Honduras no puede permitirse otra crisis postelectoral como la de 2017, cuando el país en una insurrección contra el fraude electoral sufrió la represión, los asesinatos selectivos, la persecución y la violación de derechos humanos y garantías constitucionales.

El pueblo hondureño está hastiado de las maquinaciones del bipartidismo, exige elecciones limpias. El CNE debe será recordado como el custodio de la democracia o el cómplice de su fracaso.