Durante un foro político, el designado presidencial Salvador Nasralla generó controversia al afirmar que Honduras tiene “la segunda mano de obra más cara de América Central” y sugerir que reducir los salarios podría ser una vía para atraer inversión extranjera.

Su planteamiento implica que el país debería abaratar el costo laboral para volverse más competitivo, una idea que ha sido criticada por sectores sociales y económicos que advierten de su impacto en la clase trabajadora.

En la actualidad, el salario mínimo en la industria maquiladora, una de las principales fuentes de empleo en el país, asciende a L 11,137.01 mensuales para 2024, con un aumento proyectado a L 11,972.29 para 2025. Sin embargo, el costo de la canasta básica ampliada se estima en alrededor de L 11,938.85, lo que demuestra que el ingreso actual apenas alcanza para cubrir las necesidades esenciales.

Además, según el Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral, en la industria manufacturera los hombres ganan en promedio L 11,771 mensuales, mientras que las mujeres perciben L 7,053, lo que evidencia una marcada brecha salarial.

La propuesta de Nasralla de abaratar la mano de obra parte de la idea de que menores costos laborales podrían atraer más inversión, pero distintos analistas sostienen que esta medida afectaría de manera directa a los trabajadores, reduciendo su poder adquisitivo y profundizando la desigualdad. En un país donde más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza, bajar los salarios significaría agravar la situación de vulnerabilidad y limitar aún más el acceso a una vida digna.

La competitividad no se logra únicamente mediante la reducción de sueldos, sino fortaleciendo la productividad, la infraestructura, la educación y la estabilidad jurídica. Apostar por una política basada en salarios bajos podría atraer inversiones de corto plazo, pero con un alto costo social y sin garantizar un desarrollo sostenible.

En este contexto, la declaración de Nasralla ha reabierto el debate sobre el modelo económico que Honduras necesita: uno centrado en abaratar la mano de obra para beneficio del capital privado, o uno que priorice el bienestar y las condiciones laborales de los trabajadores, buscando una competitividad basada en productividad y justicia social.