San Pedro Sula atraviesa un intenso escrutinio público mientras el Ministerio Público (MP) y medios nacionales revelan indicios de irregularidades en la adjudicación de obras municipales. En el centro de las pesquisas aparece un concepto que para muchos vecinos aún suena técnico: el fraccionamiento de contratos.
En términos sencillos, el fraccionamiento ocurre cuando una entidad pública divide un proyecto grande por ejemplo, la pavimentación de varias colonias o la reparación de un sistema de alcantarillado en varios contratos más pequeños.
Cada contrato individual se firma por un monto inferior al límite que la ley establece para obligar a una licitación pública abierta. Al hacerlo, las autoridades pueden adjudicar directamente cada parte a la empresa que elijan, evitando así el proceso competitivo que busca garantizar mejores precios, transparencia y calidad de las obras.
Aunque en apariencia se trata de trabajos distintos, en realidad todos forman parte de un solo proyecto mayor que debería haberse licitado como un paquete.
Según investigaciones de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), este mecanismo habría sido utilizado en San Pedro Sula entre 2022 y 2024 para otorgar más de 40 proyectos de infraestructura. Este mecanismo fue diseñado para sortear la ley de contratación del Estado y cometer corrupción.
Según el MP, el dinero seguía este recorrido:
- La alcaldía pagaba directamente a HERCOD.
- La representante legal, Olga Ávila, y su esposo Luis Hernández Portillo lo movían a sus cuentas personales.
- Luego transferían 5.9 millones de lempiras a Josué Fajardo, tío de Steve Fajardo.
- Finalmente, Steve Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde y sin ningún cargo oficial, recibía el dinero en efectivo, camuflando así el origen ilícito.
Las autoridades han inspeccionado oficinas municipales y han decomisado documentación en busca de pruebas de esta práctica. En algunos expedientes se cuestiona que los contratos carecieran de garantías de anticipo y que no se verificaran los requisitos técnicos de personal y ejecución.
El caso pone en la palestra pública un problema que va más allá de nombres propios. El fraccionamiento de contratos atenta contra la transparencia, limita la competencia entre empresas y puede permitir el encarecimiento de las obras pagadas con fondos de los contribuyentes, afectando de manera directa a la ciudadanía sampedrana.
