A pocos días de concluido el proceso electoral del 30 de noviembre de 2025, distintas organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, y actores políticos han intensificado su demanda de que los comicios sean declarados nulos, ante lo que califican como un “fraude histórico” cargado de irregularidades, injerencias institucionales y amenazas a la transparencia electoral.

La organización COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) dio a conocer declaraciones en las que su coordinadora general, Berta Zúniga Cáceres, denunció un “nivel de fraude” que insieme a “la falta de conocimiento en la población al momento de votar” y al temor sembrado por la injerencia militar y política externa deslegitima los resultados.

COPINH incluso protagonizó protestas en frente a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, exigiendo respeto al voto popular. 

Por su parte, la candidata del partido Libre, Rixi Moncada y otros líderes de oposición denunciaron públicamente un plan sistemático de manipulación del sistema de transmisión de votos (TREP) y resultados preliminares desde antes de cerrarse las urnas.

Las consecuencias de estas denuncias se han traducido en un clamor popular cada vez más fuerte: ciudadanía, organizaciones sociales y sectores críticos del sistema exigen auditorías independientes, la intervención de misiones de observación internacional, y, en última instancia, que el proceso electoral sea declarado nulo, para garantizar la limpieza y legitimidad electoral.