Autoridades confirman que este lunes 23 de junio realizarán el lanzamiento formal de la convocatoria en el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Bajo el liderazgo de la presidente Xiomara Castro, Honduras avanza con la licitación de potencia y energía más grande y sostenible de su historia. La LPI 1000-010-2021 tendrá como objetivo la cubrir el suministro a largo plazo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y se espera que lo logre adjudicando en el orden de 1,500 MW prioritariamente a partir de energías renovables.

«Haremos el lanzamiento la próxima semana», reveló Erick Tejada Carbajal, secretario de Estado en el Despacho de Energía y gerente general de la ENEE, en exclusiva para Energía Estratégica.

Su lanzamiento era inminente tras la aprobación de los pliegos de bases y condiciones a finales de mayo por parte del pleno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

Wilfredo Flores, comisionado de la CREE, saludó la iniciativa y ratificó el apoyo del organismo regulador.

«La publicación de las bases de licitación, conforme a lo dispuesto en la Ley General de la Industria Eléctrica, su reforma y bajo supervisión de la CREE, constituye un mecanismo clave para garantizar la seguridad del suministro, fomentar la competencia en el Mercado Mayorista y asegurar que el proceso se desarrolle bajo principios de legalidad, transparencia y eficiencia, en línea con los objetivos de sostenibilidad y desarrollo energético que requiere el país», declaró el comisionado Flores.

Esta planificación ordenada también se ve evidenciada por dentro de la licitación de 1,500 MW. El proceso se estructuraría en etapas, contemplando un escalonamiento en la entrada en operación de los proyectos adjudicados que busca asegurar una integración gradual y ordenada de la nueva capacidad energética al sistema, evitando sobrecargas y garantizando la estabilidad del suministro.

Y su éxito buscaría garantizarse a través de un mecanismo de selección mediante subasta inversa por rondas sucesivas.

Este enfoque permite que los oferentes presenten sus propuestas de manera competitiva en varias rondas, lo que resultaría en precios más bajos para el Estado y, en definitiva, para los usuarios finales, alineándose a los principios de la «Ley especial para garantizar el servicio de energía eléctrica como bien público de seguridad nacional y un derecho humano».

Este tipo de procesos no se realizaban desde hace más de 12 años, cuando el sector energético fue capturado por intereses privados y grupos políticos ligados a la corrupción. Durante ese periodo, se firmaron contratos opacos, se postergó el desarrollo de infraestructura y se marginaron las energías limpias a favor de combustibles fósiles costosos y contaminantes.

Hoy, con voluntad política, visión técnica y el respaldo popular, el gobierno de LIBRE marca un antes y un después en la historia energética del país.