En 2024, la política exterior de Estados Unidos deja en Honduras al menos tres ejemplos claros de venganza política ante las posiciones soberanas asumidas por el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.
Frente a la determinación de ejercer soberanía sobre los puntos de entrada masiva de cocaína que circula por nuestro país (Islas del Cisne, Cabo Gracias a Dios y Mosquitia profunda), la representación diplomática de la Casa Blanca atacó la decisión de construir complejos carcelarios acompañados de Fuertes Militares de control conjunto aéreo y naval, movilizando en contra tanques civilones de operaciones Opsic.
A la denuncia del Tratado de Extradición con EEUU el 28 de agosto, la DEA respondió el 3 de septiembre filtrando un video producido por su agente Cachiro en 2013, para atacar la base moral del Partido LIBRE en el gobierno, e impulsar una narrativa desestabilizante de utilidad pre-electoral, de guerra cognitiva.
Hoy, la magistrada Sonia Marlina Dubón es castigada por impulsar la redacción del proyecto de sentencia de inconstitucionalidad de las ZEDE´s que Estados Unidos patrocinó durante la dictadura del crimen organizado (2009-2022), con el objetivo de dividir el territorio nacional y repartirlo entre piratas líderes de guaridas fiscales. La Casa Blanca tampoco perdona la claridad conceptual de la sentencia declarando constitucional la amnistía de febrero 2022, que los lobistas de Nueva York han pretextado para bloquear la CICIH ante el secretario Antonio Guterrez.
Eso no es política exterior entre Estados, es violencia colonial. Y no es tolerable, porque alimenta deliberadamente a los cipayos con el consuelo tonto de las comparaciones con Ebal.
Por: Félix Molina, periodista.
