La liberación del expresidente y narcotraficante hondureño Juan Orlando Hernández y la percibida interferencia externa en el proceso político de la nación han provocado una ola de indignación y condena a nivel regional.
El exvocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, lideró las críticas, calificando la interferencia externa en la política hondureña como inadmisible. Jiménez mayor fue enfático al declarar que ningún país tiene derecho a entrometerse en asuntos internos y menos influir en las elecciones del país centroamericano.
La principal alarma se encendió tras la confirmación del indulto y liberación del expresidente Hernández, quien fue puesto en libertad este lunes, según los registros actualizados de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP).
Jiménez Mayor advirtió que el indulto otorgado aHernández, sentenciado por delitos de narcotráfico, constituye un atentado en la lucha contra la corrupción y las drogas. Además, el exvocero de la MACCIH alertó que este tipo de acciones reflejan una peligrosa desviación de la sensatez democrática y representan un retroceso para los esfuerzos regionales contra el crimen organizado.
Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue una figura altamente cuestionada durante su mandato. En abril de 2022, fue extraditado a Estados Unidos y posteriormente encontrado culpable en una corte del Distrito Sur de New York.
El expresidente fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, además de recibir cinco años de libertad supervisada. Su liberación anticipada ha generado profundas interrogantes sobre los mecanismos de justicia y la diplomacia internacional.
Políticos y analistas a nivel global han calificado las acciones que llevaron a la liberación de Hernández, especialmente las asociadas a la administración estadounidense, como un claro ejemplo de doble moral.
La crítica se centra en la aparente contradicción: mientras la administración estadounidense libera a un narcotraficante sentenciado, simultáneamente arremete contra Venezuela con su espuria narrativa de combatir el narco.
Esta dicotomía, señalan los expertos, socava la credibilidad de la lucha global contra las drogas y envía un mensaje confuso a la región sobre la seriedad del compromiso con la gobernanza democrática y la erradicación del crimen organizado.
