La Corte del Distrito Sur de Nueva York dictó este jueves una sentencia de 21 años y 6 meses de prisión contra el exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios, tras ser hallado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico.
Martínez Turcios, quien fue congresista del Partido Liberal por el departamento de Colón entre 2010 y 2018, fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2023.
La condena se produce después de que el exdiputado aceptara uno de los tres cargos imputados en diciembre de 2024: el delito de conspiración para importar cocaína hacia EE.UU.
No obstante, Martínez Turcios negó categóricamente cualquier vinculación directa con la estructura criminal conocida como Los Cachiros, así como su participación en asesinatos o torturas en Honduras.
La sentencia impuesta se sitúa entre las peticiones de ambas partes, ya que la fiscalía estadounidense solicitaba una condena de 30 años de prisión, mientras que la defensa del político pedía una reducción a 12 años.
Los fiscales estadounidenses argumentaron durante el proceso que Martínez Turcios utilizó su poder político y su experiencia militar para facilitar de manera significativa las operaciones de narcotráfico en Honduras. Se le acusó de una serie de acciones clave para la red:
- Facilitación de Operaciones: Usar su posición para ayudar al movimiento de drogas.
- Encubrimiento: Ocultar actividades de lavado de activos.
- Protección del Cartel: Brindar seguridad y protección al cartel del narcotráfico.
Además, los documentos judiciales indican que el excongresista recibió una cantidad significativa de dinero a cambio de sus servicios, estimada en al menos un millón de dólares entre los años 2004 y 2014.
Uno de los señalamientos más específicos contra Martínez Turcios es su presunta función como socio testaferro de la empresa ganaderos, una entidad que ha sido sancionada previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
La condena de más de 21 años de prisión subraya la seriedad con la que el sistema judicial de EE. UU. trata la conspiración para importar drogas y sirve como una validación de la política de extradición entre ambos países.
Este caso establece un precedente importante que demuestra que la inmunidad política no protege a funcionarios acusados de colaborar con el crimen organizado transnacional.
